Elizabeth Muñoz Gárate
Abogada Academia 360 de Prevención Criminal

Pareciera que se está asentando la idea de que las Fuerzas Armadas son quienes deben ampliar su radio de acción, y hacerse cargo de fenómenos delictuales contemporáneos a las que solamente ellas pueden enfrentarse, precisamente, por su comportamiento miliciano: con financiamiento incondicional, mediando una organización jerárquica y obediente y, sobre todo, con acceso a armamento variado y letal.

Desde esa perspectiva, resulta evidente -y necesario- que en el combate de la delincuencia, al menos, debemos aspirar a equiparar las fuerzas contrarias. Sin embargo, y con justa inquietud, observamos que estamos no tan lejos de cometer un error metodológico que puede generar más de un dolor de cabeza:

¿Hemos pensado cómo formaremos a las FF.AA?
¿Quiénes son los competentes para formarlas?
¿el poder civil cuenta con la instrucción necesaria para determinar un derrotero formativo compatible con la formación para la guerra?

Lo que parecen ser inquietudes que pueden resolverse después, arreglando la carga en el camino, es lo que ha condenado a las instituciones. Sin ir más lejos, el Servicio Mejor Niñez se creó como respuesta a una crisis de infancia, sin financiamiento ni nueva dirección, para ejecutar una Ley que impuso un sistema nuevo y, que después de los sucesivos fracasos, requirió de otro Proyecto de Ley para armonizar todo.

Si vamos a pedir una transformación en el combate, diseñemos el manual de lo que queremos, para ver cómo lo hacemos, incluso antes de decidir quién lo ejecutará y quién será su destinatario. Así son los verdaderos proyectos, ¿o no?