Esto no se trata, como dice el ministro, de “poner el grito en el cielo”, sino de hacer un llamado a quienes representan al Estado a “poner los pies en la tierra”.
Felipe Esbir
Director Secplan Municipalidad de Santiago
Los Planes Reguladores Comunales (PRC) y Metropolitanos (PRM) son la institucionalidad que ordena las ciudades en nuestro país. Su importancia no se limita a regulaciones técnicas. También reflejan y median las relaciones de poder en el espacio, a través del control del territorio y la administración de los recursos que ofrece la ciudad. Mantienen el equilibrio de un complejo contrato social, donde el uso del espacio público y privado se define mediante acuerdos. Estas reglas son respetadas por múltiples actores.
Cuando el ministro de Justicia anuncia que impulsará un proceso de “fast track” que permita eludir la normativa vigente para la construcción de nuevas cárceles, entre ellas una cárcel de alta seguridad en pleno centro de Santiago, tensiona la opinión pública y la propia institucionalidad, debilitando el ya frágil equilibrio sostenido por los instrumentos de planificación, mediante la monopolización del poder de decisión.
El emplazamiento de una cárcel es un asunto controvertido, especialmente en la comuna de Santiago, que ya alberga cerca del 20% de la población penitenciaria nacional, generando externalidades negativas que han impulsado una activa oposición por parte de los vecinos del barrio Rondizzoni y de la alcaldesa Hassler.
¿Corresponde este rechazo a una visión localista?
Pareciera más bien una visión generalizada de cómo hacer buena ciudad contemporánea. Encuestas de opinión pública, sectores de la academia y el mundo político, han respaldado la necesidad de que nuevas cárceles de alta seguridad se construyan alejadas de los grandes centros urbanos, sintonizando con los lineamientos establecidos en los Instrumentos de Planificación Comunales y Metropolitano.
Saltarse las reglas, bajo el pretexto de la urgencia, demuestra indiferencia por los acuerdos construidos entre múltiples actores de manera participativa, con base técnica y profesional, y también establece un mal precedente al restar legitimidad a los instrumentos de planificación, que también son fruto de consenso.
Si existen zonas ya definidas para levantar nuevos centros penitenciarios en diversas partes del país, no hay necesidad de ignorar la institucionalidad y la opinión pública, ni de arriesgar recursos judiciales que podrían dilatar o detener la construcción de nuevas cárceles en lugares conflictivos y fuera de norma.
Esto no se trata, como dice el ministro, de “poner el grito en el cielo”, sino de hacer un llamado a quienes representan al Estado a “poner los pies en la tierra”, priorizando soluciones reales y sostenibles, que den más certezas que dudas sobre el desarrollo de las ciudades, y no un “fast track” hacia el caos urbano.
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