Un esfuerzo como este en términos de voluntades políticas y presupuestos, requiere de consistencia en el largo plazo para que las nuevas mediciones no se discontinúen por otros gobiernos o cambios de prioridades.
Por Pablo Carvacho y Catalina Rufs
Centro Justicia y Sociedad UC
La nueva Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, publicada hace algunas semanas, es una apuesta importante para avanzar en la deuda que teníamos a nivel nacional en materia de datos de seguridad de calidad.
Hasta su versión anterior, contábamos únicamente con datos con representatividad a nivel regional. En un país con agudas desigualdades territoriales, los promedios regionales ocultan realidades muy disímiles y complejas, lo que terminaba funcionando como un obstaculizador para la política pública en materia de prevención y seguridad. Esta nueva versión de encuesta amplía la representatividad territorial incorporando 34 nuevas comunas, actualiza los límites urbanos y presenta resultados representativos a nivel comuna, además de incluir otras mejoras.
De las cifras
Ejemplos de esta variabilidad interna en las regiones hay varios: en Antofagasta, un 1,2% de los hogares en Tocopilla declara que alguno de sus integrantes sufrió un robo con violencia e intimidación en el último año, en contraste con un 5,9% de los hogares en Calama.
Una de las regiones con mayor variabilidad es la Región Metropolitana, donde un 8,4% de los hogares de Quinta Normal sufrieron esta victimización, en contraste con un 0,8% de los hogares en Vitacura.
Lo mismo ocurre con varias formas de delito: en cuanto al porcentaje de personas que declaran balaceras y disparos, en la región de Biobío, un 28,9% de quienes habitan en San Pedro de la Paz declaran que estas ocurren siempre o casi siempre en sus barrios, en contraste con un 5,5% de las personas en Tomé.
En la región del Valparaíso, un 16,2% de los habitantes en Quillota declaran lo mismo, cifra que desciende a 5,4% en Concón. Si pudiéramos mirar con mayor acercamiento cada una de estas comunas, probablemente se observaría que las distintas formas de violencia tampoco ocurren de manera homogénea en su interior. A pesar de ello, este nuevo instrumento nos permite acercarnos de mejor manera a las desigualdades existentes en materia de acceso a espacios libres de violencia y seguros.
Medición de otros delitos
La nueva versión ENUSC 2023, además, incluye mediciones de una gama más amplia de delitos como el acoso sexual, el soborno y la extorsión. Así, permite fortalecer las respuestas en materia de seguridad del país considerando una perspectiva de género -si tenemos en cuenta, por ejemplo, que un 15,9% de las mujeres sufrieron acoso sexual en contraste con un 3,2% de los hombres-. También, permite visibilizar formas emergentes de delito que están afectando a la población y levantar alertas en ámbitos específicos. Por ejemplo, en el delito de soborno, si bien su prevalencia ronda el 0% en la mayoría de las comunas, alcanza un 8% en Castro y Lota.
Esta nueva versión de la ENUSC logra por primera vez generar una medición adecuada de los delitos violentos. Esto es de particular importancia en un contexto como el actual, donde si bien han disminuido los delitos a los que estábamos más habituados -más leves y de menor violencia-, estamos enfrentando nuevas formas de complejidad delictual, que si bien, son menos recurrentes, implican mayores niveles de violencia y organización, y por ende daño social (Carvacho y Rufs, 2024).
Así, este nuevo indicador permite identificar aquellos territorios donde se concentran mayores niveles de violencia, especialmente en algunas comunas de la Región Metropolitana, y del extremo norte del país.
En el actual contexto, donde la discusión en materia de seguridad se ha tomado las prioridades de la agenda pública con percepciones generales y, muchas veces, equivocadas, las particularidades poblacionales y las desigualdades territoriales se han dejado fuera. Esto ha dado lugar a aparentes soluciones generalizadas, populistas y apuradas, que carecen de la precisión que requeriría un diagnóstico que permita fortalecer la capacidad de respuesta policial, de prevención y de reinserción social, en distintos niveles de agregación territorial —partiendo por municipios y gobiernos regionales-.
La nueva ENUSC no solo permite visibilizar las realidades disímiles de los territorios en el país, sino que es un instrumento robusto de política pública que nos permite mirar más de cerca el cotidiano de las personas e invita a pensar en respuestas focalizadas en términos poblacionales y territoriales, tomando en cuenta la alta vulnerabilidad y complejidad social de algunos barrios específicos.
Por último, es fundamental sostener que un esfuerzo como este en términos de voluntades políticas y presupuestos requiere de consistencia en el largo plazo para que las nuevas mediciones no se discontinúen por otros gobiernos o cambios de prioridades. Para que, de esta manera, podamos hacer seguimiento de ellas en el tiempo, y dar cuenta, con altos niveles de precisión, de los avances y desafíos que sigamos teniendo como país en estos ámbitos.
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