Señor Director:
El 21 de agosto se dio a conocer un siniestro en una farmacia Salcobrand de La Cisterna, la cual fue víctima de un robo en manada por parte de 10 u 11 personas, en una modalidad denominada “turbazo” en la jerga. Digo diez u once personas porque la PDI, a cargo de la investigación del caso, no tiene claridad siquiera de cuántas personas participaron en el ilícito y hablan de “aproximadamente 10 sujetos”.
Una semana más tarde, el 28 de agosto, la Dirección del Trabajo ordenó cerrar la sucursal de farmacias Salcobrand que sufrió el “turbazo”. La razón que dio es “la falta de condiciones de seguridad para los trabajadores”. Es increíble, parece algo que ocurriría en una comedia satírica o alguna especie de novela distópica, pero es completamente real.
Los absurdos de esta determinación son tantos que se me haría imposible abordarlos en una pequeña columna, pero parten con el sinsentido de “proteger la integridad de los trabajadores” castigándolos con la posibilidad cierta de perder su empleo y el sustento para sus familias por el delito que cometieron otros. También se castiga a la comunidad que necesita servicios como farmacias en su barrio; se les castiga por la ineficacia del Estado y por los delitos de otros.
Los ciudadanos debemos andar con mucho cuidado por las calles ahora; no vaya a ser que un día le hagan un portonazo o lo asalten para robarle el celular, y el juez determine enviarlo a usted a la cárcel por “ser incapaz de proteger su propia integridad en barrios con alta actividad delictual”. O le hagan un turbazo en su hogar, y el juez determine rematarle la propiedad por no contar con guardias privados para repeler el robo.
Con estos antecedentes no puedo evitar preguntarme: ¿si hacemos un turbazo en los pasos “no habilitados” del norte, lograremos que los cierren o los clausuren como corresponde?