Por Alejandra Parra Muñoz
Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA
Según el presidente de la Multigremial Araucanía, el desempleo en nuestra región sería culpa de las comunidades mapuche y del sistema de evaluación de impacto ambiental (columna de opinión publicada en Radio Bio bío el 17 de julio de 2024).
Es nuevamente vergonzoso este reconocimiento implícito de la Multigremial de La Araucanía, de su ignorancia frente a las problemáticas ambientales que aquejan al planeta. La triple crisis planetaria es un concepto acuñado por Naciones Unidas para describir cómo la crisis climática del calentamiento global, la extinción masiva de especies y la saturación del planeta por contaminación, son crisis que afectan a todo el planeta y que se encuentran interrelacionadas entre si.
¿Tenemos que describir aquí estas crisis, aunque son totalmente sabidas y comprobadas científicamente? Al parecer sí, porque nuestros empresarios regionales evidentemente desconocen absolutamente estas problemáticas.
Las consecuencias de la crisis climática
El aumento de la temperatura promedio del planeta está generando catástrofes ambientales como megaincendios y temperaturas extremadamente cálidas en verano, y tormentas e inundaciones en invierno.
Además la elevación del nivel del mar por el derretimiento de los hielos, está provocando pérdida de borde costero con el consiguiente desplazamiento de comunidades. Sería muy largo nombrar todos los efectos que ya se observan del cambio climático. Lo cierto es que todos ellos se intensificarán si la actividad industrial continúa como está hoy.
Se estima que un millón de especies están en peligro de extinción actualmente en el planeta. Esto se debe fundamentalmente a las actividades humanas como la deforestación, la sobre pesca, la introducción de especies invasoras y enfermedades debido al comercio, la contaminación y el calentamiento global.
Hoy la extinción de especies ocurre cientos de veces más rápido de lo que sucederían naturalmente. ¿Cómo afecta esto a las personas? Mientras menos seres vivos diferentes existan, más frágiles son los ecosistemas, más enfermedades amenazan a la humanidad, menos fuentes de alimentación, más plagas, y en general la vida se hace más frágil, incluyendo la nuestra.
La contaminación ha llegado a saturar el planeta a tal punto, que mata al año a nueve millones de personas, el doble que el COVID – 19. Una de cada seis muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la contaminación. Esto es el triple de muertes que las causadas por asesinatos, guerras y otras formas de violencia.
La exposición a sustancias tóxicas aumenta el riesgo de muerte prematura, intoxicación aguda, cáncer, enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, efectos adversos en los sistemas inmunológico, endocrino y reproductivo, anomalías congénitas y secuelas en el desarrollo neurológico de por vida.
Si no fuera por las comunidades
Los sistemas de evaluación de impacto ambiental (SEIA) desarrollados en el mundo en la década del noventa, intentan de alguna manera proteger a las personas y al ambiente de todos estos efectos adversos provocados por inversiones que buscan maximizar las ganancias, sin internalizar en sus balances los costos ambientales ni de la salud de las personas que deben soportar los impactos ambientales de las actividades industriales. Los mismos efectos son muchas veces sentidos con mayor fuerza por los y las trabajadoras de esas industrias.
Aunque podría decirse que lo intentan, los SEIA han cumplido una magra labor en evitar los impactos ambientales negativos de las inversiones. En especial el SEIA en Chile está diseñado para aprobar la mayor cantidad de proyectos posibles. Si no fuera por las comunidades que exigen su derecho de vivir en un ambiente sano, y que defienden la naturaleza, los efectos en el ambiente serían mucho peores y las zonas de sacrificio estarían por todos lados.
Es paradójico que la Multigremial ofrezca como ejemplo el proyecto WTE Araucanía, un proyecto rechazado en la Comisión Evaluadora Ambiental de la región en 2022, donde estuvo 5 años en evaluación ambiental, con un 84% de ese tiempo transcurrido en suspensión de plazos a solicitud de la misma empresa. El proyecto acumuló más de 17.000 observaciones ciudadanas, y fue rechazado nuevamente en diciembre de 2023 en el Comité de Ministros.
El proyecto pretendía quemar cerca de 200.000 toneladas anuales de basura, generando emisiones al aire de dioxinas, furanos y metales pesados, transformando además 1/3 de lo quemado en cenizas tóxicas. Los otros 2/3, aplicando la lógica y las leyes fundamentales de la física, no se convertirían en electricidad.
La contaminación altamente tóxica emitida por los incineradores, incluyendo los más avanzados en tecnología, se distribuyen en kilómetros a la redonda, ya que hablamos de micro y nanopartículas que permanecen en el aire por horas. El alcance de los gases ácidos que estaría produciendo ese incinerador si estuviera en funcionamiento, pueden observarse en la pluma modelada de esta página, donde se puede ver claramente que la contaminación que hubiera generado este proyecto, afectaría directamente a muchas comunidades mapuche de la comuna de Lautaro.
Trabajo y no explotación
Como organización que promueve y defiende el medio ambiente como un derecho humano, no podemos dejar de defender el derecho al trabajo, y todos los derechos humanos que nos asisten como un cuerpo indivisible de derechos. El trabajo es un derecho, no un favor del empleador. Cuando el trabajo implica renunciar a otros derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, a la salud, a la integridad física, a la identidad cultural, se transforma en explotación.
Como la región que históricamente ha sido la más pobre de Chile, nos merecemos una clase empresarial que no pretenda mantener las formas de producción que han destruido el planeta. La destrucción de la naturaleza es pobreza en si misma.
Necesitamos una visión económica que resguarde todos los derechos humanos, y en especial de los sectores más vulnerados como son los pueblos originarios. Necesitamos una clase empresarial responsable de sus actos y con compromiso social y ambiental para superar todas las crisis.
Curioso es que los promotores de la inversión sin evaluación ambiental ni consulta indígena, en realidad no están preocupados por el desempleo sino que solo de sus propias ganancias, aunque ellos mismos no sufran ninguna crisis en carne propia.
Pedro Namuncura, de la comunidad Tripaiñan de Lautaro, una de las decenas de comunidades mapuche que se verían afectadas por el proyecto WTE Araucnía, señala que: “La gente siente rabia y desmotivación frente la maquinación del empresariado, porque después que logran aplastarnos, nos ahogan, nos invisibilizan e incluso lo que es peor, borran nuestra historia. Si, es verdad, hay falta de trabajo, la gente lo necesita, pero no con ideas que destruyen la naturaleza, no a costa del medio ambiente ni de provecharse de la pobreza de la gente.”
