Es hora de que el gobierno tome medidas inmediatas y concretas para fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo en nuestra región.
La Araucanía ha sido azotada por lluvias torrenciales y temporales que no solo han devastado campos y cultivos, sino también, han sumido a nuestra región en una emergencia agrícola. Pero en medio de esta tormenta, hay otra crisis que ha pasado desapercibida: la crisis laboral y económica. Una crisis que, si no se aborda con urgencia, tendrá consecuencias devastadoras para nuestro desarrollo y bienestar.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), expuestas recientemente por el académico Patricio Ramírez, revelan una preocupante situación laboral en La Araucanía: 42.870 personas desocupadas y seis incrementos anuales consecutivos en la tasa de desocupación, que nos posicionan como la cuarta región con mayor crisis laboral de Chile. En términos históricos, hemos retrocedido 13 años, volviendo a tasas de ocupación similares a las de 2011.
La falta de inversiones como agravante
Las cifras son demoledoras: entre 2018 y 2023, solo el 6% de los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fueron aprobados. Esto significa que menos de 1 de cada 10 proyectos recibió luz verde, y la mayoría de los rechazos se debe a la oposición de comunidades indígenas. Desde 2018, más de 1,700 millones de dólares en inversión privada se han perdido debido al rechazo o desistimiento de proyectos.
El rechazo al proyecto WTE en Lautaro es un claro ejemplo de esta crisis. Este proyecto, que prometía ser la inversión más importante para la comuna en 25 años, generar empleos de calidad y convertir residuos en energía, fue rechazado por la falta de consulta indígena, a pesar de que el proyecto no afectaba directamente a ninguna comunidad.
Este caso no es nuevo, lo hemos vivido permanentemente y refleja cómo la rigidez y falta de flexibilidad del Convenio 169 de la OIT han obstaculizado el desarrollo regional y la generación de empleo.
La Araucanía no puede seguir esperando
Es hora de que el gobierno tome medidas inmediatas y concretas para fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo en nuestra región. Necesitamos revisar y ajustar el Convenio 169 en el marco de una nueva institucionalidad ambiental que equilibre los derechos indígenas con el desarrollo económico y social de la región.
La permisología actual, con trámites interminables y exigencias desproporcionadas, es una barrera para el progreso.
La crisis laboral y económica en La Araucanía es una emergencia que requiere atención y acción inmediata. No podemos permitir que nuestra región siga siendo ignorada y postergada.
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