No hay cupo. Ella aún no sabe qué significa eso. Apenas se recupera de la golpiza del sábado. No podía trabajar, ese día estaba cansada, llevaba 3 días con fiebre y la tos ya no la dejaba dormir. Pero le dijo que fuera, la levantó, le agarró su frágil brazo y a tirones la dejó en Vespucio a esperar algún auto. Congelada, no sabía qué era peor. Afortunadamente el auto que se detuvo no fue el de un cliente, sino uno que la llevó dónde pudieran protegerla, aunque fuera algunas horas. De allí nuevamente al abandono, a los golpes, a la calle. Sin cupo en residencia ni familias de acogida.

“Actuar es Urgente” es una plataforma detrás de la cual hay una decena de fundaciones dedicadas a luchar contra la explotación sexual infantil. Recientemente, en su cuarto informe, evidenció un aumento sostenido de este delito, en el que más de un 80% son niñas y adolescentes mujeres de entre 14 y 17 años.

El Ministerio Público identificó que entre 2022 y 2023 existe un total de denuncias que involucra a 2.184 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), víctimas de explotación sexual en el país. La tasa sólo en estos años aumentó un 29%.

Sin embargo, los números no reflejan en absoluto la real dimensión del delito. Las últimas proyecciones oficiales son de 2004 donde se estimaban en cerca de 4 mil las víctimas. Hoy la inmigración irregular, y otras variables, hacen estimar que esa cifra bien pudiera superar los 6 mil casos. Sin embargo, la disponibilidad de programas para las víctimas en la oferta pública es la misma de hace 20 años.

El último boletín de la plataforma también da cuenta que, en 2023, por 1 de cada 10 niñas en residencias se levantaron alertas de riesgo de explotación sexual. Un anterior informe, también alertó sobre la baja tasa de condenas.

El Comité de los Derechos del Niño en 2020 mantuvo la observación respecto la Explotación Sexual Comercial Infantil en el Sistema Residencial.

Hoy vemos con preocupación el incumplimiento en los compromisos de los anteriores marcos para la acción y los retrasos importantes en la formulación de los compromisos del Cuarto Marco, lo que no es en absoluto consistente con el compromiso de erradicación de esta grave vulneración a la niñez.

No hemos avanzado en modelos de cuidados alternativos especializados como Familias de Acogida, y tampoco con recursos para el tratamiento de trauma complejo. Ellos podrían dar respuesta de mejor forma y respetar el derecho a vivir en familia, tal como lo sugieren las directrices y la evidencia internacional.

También preocupa el rol de los “garantes”, que no puede reducirse a remitir oficios que en absoluto significan un cambio en el rumbo, ni mucho menos le da la urgencia que requieren miles de niñas en riesgo inminente se su salud física y emocional.

¿Es ésta la única forma de actuación que esperamos de quienes tienen el mandato de defender la Niñez?

¿Acaso no existe potestad legal y administrativa para hacer cumplir el mandato del legislador?

Mientras, oficios de ida y vuelta buscan excusar el incumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile, hay niñas en la calle esperando una respuesta, niñas anónimas que lamentablemente son visibles cuando ya es demasiado tarde.