El Estatuto de la U. de Chile – que posee fuerza de ley de la República – dice en su art. 4:

“Los principios orientadores que guían a la Universidad en el cumplimiento de su misión, inspiran la actividad académica y fundamentan la pertenencia de sus miembros a la vida universitaria, son: la libertad de pensamiento y de expresión; el pluralismo; y la participación de sus miembros en la vida institucional, con resguardo de las jerarquías inherentes al quehacer universitario”.

Las razones para defender estos principios en una comunidad como la de la U. de Chile son claras: la búsqueda del saber que inspira a la Universidad surge de la certeza de que nadie posee la verdad completa sobre ninguno de los asuntos humanos. Y si acaso alguien llegara a poseerla, no estaría en condiciones de saberlo ni los demás de constatarlo.

Así las cosas, encontrar la verdad es una tarea conjunta, en la que los diferentes miembros de una comunidad nos beneficiamos de la perspectiva ajena, incluso de aquella que es adversa.

Justamente en virtud de esos principios, la libertad de expresión y pensamiento ha sido defendida a lo largo de la historia como un bien sumamente preciado en la Universidad. También, justamente en virtud de esos principios, tiene sentido que la sociedad destine cuantiosos recursos a esta búsqueda conjunta de la verdad a través de las múltiples miradas que la Universidad recoge.

Nada más ajeno entonces al espíritu universitario que la condena farisaica de la presunta maldad ajena, que suele ir acompañada de un confortable silencio acerca de los vicios propios.

La cancelación

Que una Facultad de Filosofía y Humanidades haya comandado este olvido –como nos parece que ha hecho la nuestra, a propósito de la reciente “cancelación” emprendida por su decanato de Universidades israelíes- resulta preocupante, pues revela que sus autoridades simplemente no comprenden los bienes que deben resguardar.

Su labor no es instaurar por medio de sus acciones el reino de la justicia en la tierra, ni tranquilizar a los más radicalizados a través de maniobras efectistas. Se trata de favorecer el examen racional de los prejuicios propios, especialmente de parte de quienes la Universidad acoge, contribuyendo así a la búsqueda conjunta y razonada de la verdad, a la formación de juicios prudentes y, finalmente, al cultivo de la tolerancia, virtud esencial en una sociedad democrática.

Pontificar sobre el bien y el mal cancelando a unos u otros no parece ser parte de esta labor. Así lo ha entendido correctamente la República al fijar la misión y valores propios de la Universidad.

Así, creemos, lo ha entendido correctamente también nuestra rectora al manifestar la inconveniencia de dichas “cancelaciones” unilaterales. Es de esperar que esta comprensión se extienda en lo porvenir al resto de la comunidad.

Francisco Abalo
Doctor en Filosofía por la Universidad de Chile. Profesor Asociado, Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile

Luis Placencia
Doctor en Filosofía por la Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Profesor Asociado, Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile