Si la política de vivienda subsidiada en Chile fuera un experimento social, probablemente lo declararíamos un fracaso rotundo. A pesar de que el Estado ha inyectado recursos en construcción de vivienda nueva, con un aumento de inversión de 552% entre 2003 y 2023, el déficit habitacional apenas ha mostrado cambios (para más remate, cambios al alza), con un aumento del 3.52% en ese período. Y eso, estimados lectores, mientras se construyeron casi 2.9 millones de nuevas viviendas . ¿No es acaso esto una paradoja?

Brutales cifras de la crisis habitacional

Se ha vertido un enorme volumen de dinero estatal, transfiriendo recursos masivamente sin la supervisión necesaria sobre la metodología usada (subsidios) para asegurar un retorno social de esta monumental inversión. La falta de un sistema de evaluación efectiva ha dejado a los subsidios habitacionales operando a ciegas, donde el incremento en los montos parece más un acto de fe que una estrategia informada.

La investigación en vivienda sostiene este argumento con evidencia hace año, pero el método subsidiario persiste. Los impresionantes desembolsos en subsidios podrían hacernos creer que estamos avanzando. Sin embargo, la realidad en viviendas hacinadas, con nuevos modelos de allegamiento y el auge de los campamentos cuenta una historia muy diferente. Este desajuste entre inversión y resultados efectivos es indicativo de que nuestro sistema necesita una revisión urgente.

El modelo subsidiario chileno, vivió cierto esplendor durante un par de décadas, pero hoy parece ser un sistema afinado para el gasto, que no se mide por sus resultados sino por ejecutar partidas presupuestarias.

¿Qué deberíamos hacer, entonces?

Tal vez es hora de actuar científicamente y ante una hipótesis fallida, intentar una nueva. Por lo pronto, medir el éxito de una manera que realmente importe: la salud del sistema habitacional chileno, en su conjunto y no por fragmentos.

Esto es revisar qué tan saludable está el mercado de la vivienda.

Hace una semana un estudio de Tinsa con la Universidad San Sebastián indicó que la vivienda es inalcanzable para toda una generación. Hace algunos días un estudio de Colliers indicó que potenciales compradores de departamentos de 40 m2 caen a la mitad pese a mayores sueldos.

Techo, por su parte, en 2023 presentó que el aumento de hogares en campamentos aumentó cerca de un 40% entre 2021 y 2023.

Brutales cifras de una crisis habitacional que no se resolverá insistiendo con las fórmulas que nos condujeron al borde del abismo. Si seguimos permitiendo que el subsidio a la demanda domine la política habitacional, continuaremos viendo cómo la solidez de los fondos se desvanecen en el aire, sin alcanzar a, justamente, subsidiar un mercado inmobiliario enfermo.

¿Cómo se ha resuelto esto en otros lugares del mundo?

No hay una solución que deje contentos a todos, eso dice la experiencia comparada internacional. Sin embargo, son ciudades con amplios stocks de vivienda pública los que muestran muy buenos resultados. Los stocks de vivienda pública aseguran opciones asequibles y de largo plazo, con modalidades de acceso a la propiedad como derecho social, leasing o asignación familiar preferencial.

En algunas de las mejores ciudades del mundo para vivir según The Economist se destacan innovadores modelos de vivienda que no hemos usado en Chile. En Copenhague y Zúrich, las cooperativas de vivienda permiten a los residentes gestionar de manera colectiva sus edificios a precios asequibles, fomentando la comunidad y la estabilidad residencial, sin fines de lucro.

Melbourne impulsa la accesibilidad a través de iniciativas que facilitan tanto la compra como el alquiler a precios moderados para diversos grupos. Vancouver ha implementado un plan de vivienda asequible planificado a diez años, abordando la necesidad de opciones más económicas. En Viena, el extenso sector de vivienda pública ofrece alquileres bajos y calidad asegurada, cubriendo más del 60% de la población, lo que solidifica su estatus como mejor ciudad del mundo para vivir.

Ya no solo se trata solo de construir más casas; sino de asegurar que sirvan para su propósito de dar refugio a quienes aún no lo tienen, cerca del 40% de la población nacional. La vivienda no es solo un techo sobre nuestras cabezas, sino un derecho fundamental que debe, y puede, ser protegido y promovido con todas las herramientas disponibles.

Y si las herramientas actuales no han funcionado, entonces es hora de cambiarlas.

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