La reciente declaración de la Fiscalía respecto a la solicitud de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por supuestas infracciones de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en el contexto de las Farmacias Populares, subraya el persistente riesgo de corrupción municipal en Chile.

Este problema no es aislado ni está vinculado exclusivamente a la política partidista, afecta a todo el espectro político sin distinción.

Datos preocupantes revelan que el 51% de los municipios del país enfrentaban investigaciones por corrupción en 2023, según el Consejo de Defensa del Estado (CDE), reflejando los enormes desafíos que Chile enfrenta en su lucha contra la corrupción en todos los niveles gubernamentales.

La corrupción, tal como advirtió el célebre economista Ludwig von Mises en su obra “Burocracia” (1944), debilita los cimientos democráticos de la sociedad al permitir que los funcionarios públicos busquen beneficios personales en detrimento del bien común.

Este comportamiento, centrado en la búsqueda de rentas, aumenta la dependencia de la población hacia el poder político, enriqueciéndose ilícitamente a expensas de los pagadores de impuestos. Esta situación se agrava con la intervención excesiva del gobierno en la economía, debilitando la confianza en las instituciones y distorsionando la asignación de recursos, lo que se refleja en la baja aprobación de los partidos políticos chilenos, con menos del 10% de respaldo ciudadano.

Más transparencia y eficiencia en la administración pública

Para prevenir la corrupción municipal y restaurar la confianza en las instituciones locales, es fundamental mejorar la transparencia y la eficiencia en la administración pública. En este sentido, la tecnología emerge como una aliada al proporcionar herramientas que mejoran la transparencia y la eficacia en la gestión pública.

Las plataformas digitales de rendición de cuentas brindan acceso directo a información detallada sobre presupuestos, contratos y proyectos municipales, facilitando la supervisión ciudadana y el escrutinio de los organismos de control. Además, la gestión electrónica de documentos y procesos agiliza los trámites administrativos y reduce el riesgo de manipulación de información.

Blockchain, por ejemplo, garantiza la integridad de las transacciones, mientras que la inteligencia artificial y el análisis de datos detectan patrones sospechosos de corrupción. Las aplicaciones móviles y las plataformas en línea facilitan la supervisión ciudadana, fortaleciendo la rendición de cuentas y el control social.

Sin embargo, las autoridades deben respaldar estas herramientas con políticas integrales de responsabilidad para garantizar su efectividad a largo plazo. Aumentar las penas para combatir la corrupción municipal es decisivo para fortalecer el marco legal existente, estableciendo sanciones más severas, como penas de prisión más largas, multas elevadas y confiscación de activos ilícitos, al tiempo que se mejora la colaboración entre autoridades judiciales, organismos de control y sociedad civil.

Mises insistía en unir esfuerzos para promover una gestión ética y transparente, construyendo así un país más justo y digno de confianza. Solo mediante un enfoque que integre la innovación tecnológica con políticas de responsabilidad y rendición de cuentas, es posible abordar eficazmente este desafío y restaurar la confianza en las instituciones.

Como dijo Mises, “la corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública”, subrayando que “no hay amenaza más peligrosa para la civilización que un gobierno de incompetentes, corruptos u hombres viles. Los peores males que la humanidad haya tenido que soportar fueron infligidos por los malos gobiernos”. Por lo tanto, es imperativo actuar con determinación antes de que la corrupción socave por completo nuestra integridad y la confianza en nuestras instituciones.

Victor I. Espinosa
Académico Faro UDD