¿Por qué se requiere consulta indígena para la construcción de una carretera que beneficia a todos los chilenos o para la construcción de una planta de tratamiento de basura, como lo exigió el Consejo de Ministros al rechazar la planta WTE? ¿No somos todos chilenos iguales?
Es innegable que Chile se ha transformado en un escenario complejo para la inversión.
Una maraña de permisos sin plazos definidos, la discrecionalidad de las autoridades, exigencias a menudo absurdas o desproporcionadas, altos impuestos tras la reforma tributaria de Bachelet II, delincuencia, terrorismo, falta de respeto al derecho de propiedad y, en ocasiones, una abierta animadversión hacia los empresarios, conforman un panorama que ha devenido en una mayor intervención del Estado (política) en la economía, especialmente por iniciativas de sectores o gobiernos de izquierda como el actual.
Este panorama ha tenido un efecto devastador en el crecimiento económico, y particularmente en el crecimiento de los salarios y el desarrollo de las familias chilenas, especialmente las de menores ingresos.
No se trata, como dice la Ministra del Trabajo, de la voluntad de los empresarios, es innegable que tanto ella como su sector, en su rol de gobierno hoy como de oposición ayer, son parte importante de esta situación a través de sus acciones.
El actual estado de la economía, con su estrechez financiera y la falta de expectativas para las familias chilenas, es producto de esta decadencia.
Sobre le proyecto para reducir plazos
La situación actual en materia de tramitaciones es realmente pésima y se requieren cambios profundos al sistema, no mejoras parciales.
El proyecto del Gobierno para reducir los tiempos de tramitación de permisos sectoriales parece ir en la dirección correcta, pero se queda corto.
Por ejemplo, prometer, sin asegurar, que un proyecto que hoy toma 9 años para ser aprobado podría tomar 6 años con la nueva ley, no es suficiente. Ningún proyecto de envergadura que tenga un impacto en el empleo y los salarios debería demorar más de 3 años en obtener todas las aprobaciones requeridas.
Pasado ese plazo, debería operar la regla del silencio administrativo: si el Estado no se pronuncia dentro del plazo, el proyecto se aprueba. Se requieren certezas no promesas. El estado debe ser un promotor de la inversión y no un obstáculo.
El proyecto también omite abordar otros temas importantes, como la aplicación, a nuestro juicio excesiva, del Convenio 169.
¿Por qué se requiere consulta indígena para la construcción de una carretera que beneficia a todos los chilenos o para la construcción de una planta de tratamiento de basura, como lo exigió el Consejo de Ministros al rechazar la planta WTE?
¿No somos todos chilenos iguales?
¿La opinión de algunos vale más que la de otros?
Chile necesita un cambio radical en su enfoque hacia la inversión. Se requieren medidas drásticas para eliminar la burocracia innecesaria, reducir la discrecionalidad de las autoridades, proteger el derecho de propiedad y fomentar un clima de confianza y seguridad jurídica para los inversores.
Solo así podremos revertir el deterioro económico del país y construir un futuro mejor para las familias chilenas.
