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La promesa que se le ha hecho a la clase media de que son el esfuerzo y el estudio los medios para salir adelante y mejorar su calidad de vida se transforman en palabras vacías si con ello no se puede satisfacer una de las necesidades materiales más importantes, como lo es la vivienda.
En Chile, hay familias que sufren urgencias que se han tomado los medios y el debate público y otras, igualmente importantes, que sufren en silencio. Los principales canales de televisión y portales de noticias relatan la crisis de delincuencia, de la inmigración ilegal, del narcotráfico, de la educación, del costo de la vida, entre muchas otras. Una de ellas, a la cual no se le ha tomado el peso, es la crisis del acceso a la vivienda.
En las últimas semanas, la Universidad de Talca ha dado a conocer que al año 2025 el déficit de viviendas sociales alcanzará la preocupante cifra de 750 mil, siendo que el 2018 era de 393 mil el déficit total de viviendas, no sólo de viviendas sociales.
Por su parte, el gobierno del Presidente Boric anunció la construcción de 260 mil viviendas a 2026. A pesar de que a la fecha ha entregado menos de la mitad de dicho número, aún si lograra entregar todas las casas y departamentos propuestos, no solucionará el problema, sino que sólo lo amortiguará.
La profundidad de la crisis habitacional es mayor si es que consideramos el déficit total de viviendas, no sólo de las construidas con financiamiento estatal, pues la tasa de interés de créditos hipotecarios para la compra de casas y departamentos no hace más que subir y cada vez se requiere de un sueldo más alto para poder acceder a dichos créditos, lo que perjudica fundamentalmente a la clase media y especialmente a los jóvenes que actualmente finalizan sus estudios y se integran al mercado laboral.
Lo anterior, se ejemplifica en que entre enero y octubre de 2023 el valor de los créditos hipotecarios otorgados aumentó en un 18% respecto al mismo periodo de 2022, aunque con un número menor de créditos otorgados. Si aumenta el valor de los créditos, pero disminuye su número, podemos concluir que cada crédito es por un valor de dinero mayor, al que sólo pueden acceder aquellos que más ganan.
Así, la promesa que se le ha hecho a la clase media de que son el esfuerzo y el estudio los medios para salir adelante y mejorar su calidad de vida se transforman en palabras vacías si con ello no se puede satisfacer una de las necesidades materiales más importantes, como lo es la vivienda.
Es por lo anterior que llaman la atención algunas iniciativas gubernamentales que buscan facilitar el acceso a la vivienda como el “Arriendo a Precio Justo” que supone la construcción de edificios de departamentos que, luego, serán arrendados a un precio que no supondrá más del 25% del ingreso mensual.
Sin embargo, como se puede advertir, esta iniciativa no busca la entrega en propiedad de los departamentos. Esta situación es compleja y peligrosa para la libertad personal de los eventuales beneficiados pues, aunque pueda solucionar en el corto plazo una parte del déficit habitacional, a mediano y largo plazo estas políticas dejan a los más vulnerables sujetos a la merced de la autoridad de turno.
Así, el futuro de su vivienda depende de que el alcalde de su comuna desee continuar con ese arriendo, de que no lo reemplace por otra persona para pagar favores políticos y de que siga pagando el arriendo eternamente, sin poder adquirir el departamento luego del transcurso de un tiempo.
La propiedad sobre la vivienda
De esta manera, la autoridad administradora de estos arriendos es capaz de crear una red clientelar de arrendatarios a su servicio, quienes intentarán obtener el beneplácito de la primera para poder seguir viviendo en el departamento arrendado.
Además, al no poder nunca adquirir el departamento, la experiencia demuestra que las condiciones materiales del departamento serán peores que si fuera su dueño, pues nadie desea arreglar e invertir dinero en algo que no es propio, lo que afecta la calidad de vida de sus habitantes.
Por lo mismo, no basta sólo la preocupación por la vivienda, si no que se debe trabajar para que la vivienda construida o financiada total o parcialmente por el Estado sea siempre propia, es decir, que sea de quien la habita ya que la vivienda propia tiene otros beneficios, aumenta la riqueza de su dueño, puede hipotecarla lo que le permite acceder a financiamiento bancario, la puede ampliar y reformar a su gusto, la puede habitar con la tranquilidad de que nadie se la quitará y la puede dejar en herencia a sus hijos, entre otros.
En vista de la clara ventaja de la propiedad sobre la vivienda, si se financia con el dinero de todos los chilenos la construcción de edificios de departamentos por más de $61 mil millones de pesos y luego se arriendan a un precio que ni siquiera genera un beneficio a la generalidad de quienes lo financiaron, ¿por qué no mejor venderlos bajo el mismo esquema del subsidio a la compra de primera vivienda, más conocido como DS1; o que el esquema de arriendo tenga una opción de compra luego de cierta cantidad de tiempo, al que también se le puede aplicar el subsidio?
De esta manera, por un lado, dichas personas logran tener la propiedad sobre el techo bajo el cual viven, con la seguridad de que nadie los desahuciará por no agradar a la autoridad de turno y, por otro lado, no se discrimina a las familias y chilenos que, con esfuerzo, logran ahorrar el ahorro mínimo que exige el subsidio.
Incluso si se comprobara que algunos de los beneficiarios del programa “Arriendo a Precio Justo” no tienen capacidad de ahorro alguna y, por tanto, no podrían siquiera postular al subsidio DS1, mejor sería entonces derechamente otorgarles el departamento en propiedad.
Así, al menos, los chilenos tendríamos la tranquilidad y certeza de que nuestros impuestos se destinan efectivamente en la mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas y en hacer de Chile un país de propietarios, no en extender la red clientelar de la política.
