Ya es de público conocimiento que el crimen organizado en Chile está desatado. Estamos pasando de una etapa donde las bandas ajustan cuentas entre ellas, a otra donde han comenzado a matar a la población civil. Por mientras, se deteriora la clase política, las instituciones y los valores de la sociedad.

También es sabido que lo que buscan quienes son parte del crimen organizado es el dinero, la cárcel es aceptada como consecuencia natural y como un lugar donde pueden ir a pasar una parte de su vida con comida y techo asegurado. Además, eventualmente poder seguir delinquiendo desde dicho lugar.

Redes de poder en el Crimen Organizado

Lo que no conocemos es la magnitud de las redes de poder que han tejido quienes dirigen estos grupos. ¿Cuántas personas y de que organismos están coimeadas?, porque para que el negocio y el dinero siga fluyendo es necesario que alguien les asegure que no van a ser descubiertos.

Por otro lado, es necesario también una red de abogados que extorsione a jueces y autoridades. El caso emblemático lo constituyó el abogado de los “Care’Jarro”, Ariel Marín, que mantenía a su nombre bienes por más de $ 30 millones, sin que pudiera justificar sus ingresos ante los bancos o el SII.

El anterior caso del año 2008, ya nos mostraba el actuar de las bandas criminales. Dentro de las escuchas telefónicas de distintas indagatorias contra narcotraficantes, quedaron plasmadas frases que aludían a que resultaba fácil saltarse al SII. Las fórmulas para ello eran variadas: desde evitar inscribir un bien afectado a la tributación, hasta el uso de empresas de pantalla.

Perfil aspiracional, sofisticación e innovación

El rostro del traficante 2.0 difiere de aquel de los años 80 o 90. El antiguo era un sujeto que prefería el anonimato y permanecía en la población donde operaba. Sin embargo, el actual tiene características que revelan su modernización, como la compra de autos de elevado precio, el uso de armas para evitar las quitadas de droga o “mexicanas”, y los secuestros extorsivos, así como también la creación de sociedades fantasmas para darle una aparente cara de legalidad a sus capitales. Es decir, un perfil “aspiracional”.

El crimen organizado tiene formas de sofisticación e innovación que a veces son más ágiles que la capacidad de respuesta. Sin embargo, hay una política pública que ha visto algunos resultados satisfactorios en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la evasión de impuestos, que es la adopción de un registro de beneficiarios finales centralizado y accesible a otras entidades del Estado, así como, parte de este, al público general, pero particularmente a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y otras entidades que pueden auditarlo o revisar posibles infracciones de deberes de autoridades de no poseer empresas reguladas o ciertos conflictos de interés.

Si bien este registro no es la varita mágica, sin duda que varios de los temas planteados en el primer párrafo podrían ser mucho más eficaces. A través de este registro, diversas autoridades podrían saber qué propiedades, sociedades, inversiones, empresas, entre otros, tienen o participan personas que están siendo investigadas, procesadas o condenadas por delitos relativos al narcotráfico y el crimen organizado.

Nuestro país, hasta el momento, ha avanzado muy tímidamente en esto y está muy lejos de los estándares internacionales recomendados por la OCDE, el Banco Mundial, el BID, Transparencia Internacional, entre otras entidades. Esto ha permitido que se creen empresas fachadas por narcotraficantes, sin que ni los abogados ni contadores que trabajaron creando la empresa supieran quiénes realmente estaban detrás de ellas.

Dicha iniciativa, que en su momento erradamente se incluyó en la mágica reforma tributaria rechazada, hoy va como proyecto de ley.

A su vez es necesario el levantamiento del secreto bancario, de tal manera de seguir la trazabilidad de los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado.

Este punto es resistido por parlamentarios, justificado con un “el tema de fondo” es “hasta dónde llega el derecho a la intimidad de la persona y hasta dónde llega el derecho del Estado a saber lo que hace una persona con sus recursos”.

Creo que es necesario que las autoridades tengan en claro que debido a que el poder corrompe, las demandas de la sociedad de autoridad moral y carácter, aumentan a medida que aumenta la importancia de la posición. (John Adams)