Con el objeto de contrarrestar estas anomalías políticas, algunos estados han optado por regular el lobby, especialmente con la finalidad de dejar registro de las reuniones y contactos entre diversos actores sociales y las autoridades con potestad de tomar decisiones.

El lobby se define como aquella actividad en donde un grupo de personas u organizaciones intenta influir legítimamente en las decisiones que adoptan las autoridades públicas.

Las prácticas de lobby se realizan generalmente a través de instancias como reuniones, en donde se proporciona a las autoridades gubernamentales información, antecedentes, argumentos, puntos de vista, a fin de obtener decisiones que vayan en línea con los intereses de quienes acceden a estas autoridades públicas.

Frente a la opinión pública, el lobby es una actividad bastante desprestigiada, principalmente porque se le asocia con reuniones secretas, a espaldas de la ciudadanía y donde grupos de élite pueden acceder directamente a las autoridades del Estado, mientras que la inmensa mayoría de los ciudadanos no.

En el sistema chileno, el lobby se encuentra regulado en la Ley Nº 20.730 y, al margen de las directrices emanadas de esta normativa, una aproximación de buena fe a esta legislación, especialmente por parte del Presidente de la República, sus ministros y parlamentarios de todos los sectores, exige entender que cualquier reunión o contacto con personas, empresas o asociaciones que legítimamente pretenden entregar sus puntos de vista a las esferas de poder, debe ser de cara a la ciudadanía, a fin de honrar la democracia y la transparencia.

El desfile de autoridades, especialmente ministros de Estado, en la casa del lobista Pablo Zalaquett con empresarios, nos ha demostrado que las viejas prácticas de la política siguen más vigentes que nunca.

Al hacerse visible esta situación, desde el gobierno, autoridades como las ministras Vallejo o Tohá, han dicho que estas reuniones, al no ser prácticas de lobby, no deberían estar registradas según la ley respectiva.

De esta manera, con declaraciones como aquella que señala que “no todo diálogo es lobby” dada por la Ministra Vallejo, se aprecia el intento del Gobierno de poner paños fríos a esta situación, lo que, de alguna manera, agrava la falta y a la vez constituye un insulto a la inteligencia de los chilenos.

Cuando el Presidente de la República, al comentar estos hechos, señala “hay que dialogar hasta que duela”, y cuando el Ministro Grau reconoce que en la reunión en la que estuvo presente “se escucharon los puntos de vista de las salmoneras”, se encuentra aceptando que estas reuniones fueron mucho más allá de un simple encuentro donde las autoridades se limitaron a exponer sobre la marcha del país y los empresarios a escuchar, como se nos ha informado por parte de algunos de los altos personeros que estuvieron presentes en la casa del lobista.

En definitiva, en las últimas semanas hemos observado que diversas autoridades, incluso aquellas que vinieron a renovar y moralizar la política, siguen usando las mismas prácticas de siempre, a espaldas de la ciudadanía y con un burdo intento de justificar acciones que, si bien se pueden ajustar a la normativa legal vigente (según ellos, ya que esta situación no queda del todo clara), no cumplen con estándares básicos de legitimidad democrática.

La confianza de la ciudadanía es fundamental para la subsistencia de la democracia, pero esta confianza no se obtiene solo por ocupar un cargo, sino actuando de buena fe y honrando el principio de transparencia, máxima que muchos miembros del equipo ministerial del Presidente Boric, él mismo y parlamentarios de todos los sectores parecen haber olvidado.

Los argumentos dados para justificar estas reuniones, con un lobista, en la casa de un lobista, con empresarios, de manera secreta, de alguna manera constituyen un intento de convencer a la ciudadanía de que en este espacio no se incurrió en ninguna ilegalidad, pidiéndonos un acto de fe.

Sin embargo, no debemos olvidar que el poder corrompe, por ello quienes ejercen poder siempre tienen que estar dispuestos a probar que sus actuaciones no solo son legales sino también están revestidas de legitimidad democrática, y el pleno respeto al principio de transparencia es un medio idóneo para demostrarlo, cuestión que se ha obviado en este caso.