Señor Director:

El escándalo por las reuniones sostenidas por ministros del gobierno y representantes del empresariado en la casa de un conocido lobbista, responde a una cuestión de fondo y tiene que ver con los cuestionables estándares existentes en materia de transparencia y accountability.

La ley de lobby aplica en forma y espíritu a este caso, por un lado, la propia ley que lo regula en su artículo 2º define el “lobby” como aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos, entre los que se cuentan los ministros de Estado.

Entre las decisiones que establece y regula la ley, se encuentran los vinculados a la tramitación de proyectos. Así, estos actos están sujetos a registro de agenda pública, justamente para dejar constancia de la eventual acción de influencia ejercida.

No obstante, el gobierno se empeña no solo en defender su insoslayable incumplimiento de la ley, sino que además se justifica con frases que van desde “no toda conversación es lobby” de la ministra Secretaria General de Gobierno, hasta el “Creo que es un proceso de aprendizaje”, del ministro de Justicia, todo lo cual refleja una evidente falta de transparencia y nula voluntad de rendición de cuentas.