Muchas han recurrido a la venta de algunos activos para pagar total o parcialmente sus deudas. Pero en ocasiones esto no es suficiente y la única salida viable que les queda es recurrir a la liquidación o quiebra para poner término ordenado al problema.

Situaciones como esa son castigadas por los cambios a la Ley 20.720, de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, vigentes desde el 11 de agosto de este año: se consideran delitos tributarios.

A nueve años de la entrada en vigencia de esta norma y según datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, más de 23 mil personas naturales y cerca de 10 mil empresas han solucionado sus problemas de endeudamiento, gracias a un proceso de liquidación o quiebra, pero las recientes modificaciones no “hacen justicia” al espíritu con el que está normativa fue creada.

Otro ejemplo de aquello es que, si bien ahora las Mipyme pueden acceder al procedimiento de Reorganización Simplificada – más expedito y más económico – para evitar la quiebra, hay más exigencias que no facilitan los procesos de liquidación cuando definitivamente el negocio no es viable.

Asimismo, se exige la presentación de una gran cantidad de documentación que suele ser difícil de conseguir. Como muestra, una paradoja: cartolas bancarias cuando estas entidades ya les han cerrado sus productos y no tienen interés en entregar la información requerida.

Los cambios a la comúnmente conocida como “Ley de quiebras”, en suma, han traído bastante de amargo a una política pública que, en su balance general, ha tenido mucho más de dulce durante su historia, al otorgar una segunda oportunidad para miles de personas y empresas grandes, pequeñas y medianas.

La Ley 20.720 ha cumplido los objetivos para los que fue creada, pero su nuevo rostro, lamentablemente, amenaza con frenar los importantes avances que ha plasmado como vehículo para la rehabilitación financiera.