Es sabido que la responsabilidad penal individual no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que toda la línea de mando debe ser investigada. Los mandos, a través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, propiciaron que casos tan dramáticos ocurrieran días tras días durante la crisis social.

Desde luego, cuatro años es demasiado tiempo. Demasiado tiempo de espera por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las miles de víctimas y familiares. Tras largas investigaciones es urgente que el fiscal Armendáriz decida si existe mérito para imputar a los altos mandos de la institución.

Esto se sustenta en tres obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos que no se cumplieron. En primer lugar, hubo múltiples fuentes por las cuales los mandos sabían o deberían haber sabido que se estaban produciendo violaciones de derechos humanos bajo su responsabilidad. Es decir, en una organización altamente jerarquizada es prácticamente imposible que no supieran de los casos de violencia policial.

En segundo lugar, los mandos de Carabineros mantuvieron un control efectivo sobre las unidades, es decir, tenían la capacidad de prevenir abusos, pero no lo hicieron.

Y en tercer lugar, los mandos no tomaron las medidas suficientes para prevenir abusos, en concreto en lo relativo al uso de munición lesiva, falta de protocolos operativos adecuados, planes operativos inalterados, órdenes imprecisas y ausencia de sanciones.

Ahora, la decisión está en manos de la Fiscalía de la Región Metropolitana Centro Norte, encabezada por el fiscal regional Xavier Armendáriz.

Es necesario y urgente que la fiscalía actúe con decisión para dar la firme señal de que estos crímenes no deben repetirse jamás. La impunidad no se justifica y la justicia no se pospone. ¿Qué hará el fiscal: imputará o no?