Un estudio de la Universidad Austral dado a conocer recientemente constató que para garantizar una adecuada gestión de los 18 parques nacionales ubicados en la Patagonia chilena -es decir la preservación efectiva de su biodiversidad y el desarrollo de las comunidades aledañas- el Estado requiere aumentar en al menos US$ 238 millones el presupuesto destinado a este fin.

La cifra es enorme. Tan grande que equivale, por ejemplo, a la construcción de tres hospitales de alta complejidad o a la mitad de lo que se espera recaude la nueva ley del Royalty Minero. Con esas dos comparaciones es fácil comprender que conseguir ese dinero es algo casi imposible para cualquier gobierno.

No solo eso, sino que además los exiguos recursos disponibles no se reparten equitativamente entre los distintos parques, llevándose algunos la mayor parte del presupuesto mientras otros no reciben prácticamente nada.

No, significa que es hora de abordar la preservación de nuestras áreas naturales protegidas de una manera distinta.

No temerle a los privados

Es que si bien estamos de acuerdo en que la custodia de nuestros parques nacionales -dotándolos de una adecuada infraestructura, tecnologías de monitoreo y un equipo profesional de guardaparques- es un compromiso que recae en primer lugar sobre el Estado, también es evidente que este no es capaz de asumir por sí solo todo el peso y la responsabilidad que implica proteger estos santuarios de la biodiversidad.

Menos capacidad aún tiene de conservar áreas naturales que están en manos particulares, expuestas a una posible explotación comercial o inmobiliaria que afecte sus frágiles ecosistemas.

Por eso, creo que la solución para asegurar la conservación efectiva de nuestros parques nacionales es que el Estado genere las condiciones para una incorporación activa del sector privado en esta tarea, mejorando el marco legal, poniendo los incentivos adecuados y, por cierto, manteniendo su rol de supervisión y fiscalización.

Hoy Chile se ubica entre los países que menos invierten en la gestión de su biodiversidad a nivel global. Sin embargo, tenemos una ley -el Derecho Real de Conservación- que aunque es perfectible, constituye un instrumento eficaz que tenemos a la mano para asegurar la preservación efectiva de nuestros espacios naturales y del que se conoce poco.

Por ejemplo, aunque no existe un catastro, desde hace años cada vez más chilenos y extranjeros comunes y corrientes han optado por invertir en terrenos de mínimo cinco hectáreas en la Patagonia con la finalidad de preservar intactas sus condiciones naturales a perpetuidad, utilizando el DRC como herramienta legal para ello.

En el fondo, con presupuestos individuales mucho más pequeños, pero que se multiplican año a año, están creando sus propios parques privados de conservación.

Cálculos conservadores apuntan a que, gracias a estos “mini Tompkins”, más de 200 mil hectáreas quedarán protegidas gracias al Derecho Real de Conservación en el próximo lustro.

El crecimiento ha sido rápido, pero podría serlo aún más. Esta mantención prácticamente gratuita para el Estado es sin duda un aporte a los esfuerzos por mantener este pulmón verde virgen, pero sigue siendo un esfuerzo mínimo si pensamos que el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, contabiliza unas 200 mil hectáreas en la Patagonia.

¿Qué falta entonces? No tenerle miedo ni a los privados ni a sus intenciones. Sin duda los filántropos con conciencia ambiental son bienvenidos, pero no son tantos. Necesitamos aunar muchas más voluntades. Por eso sería positivo dejar de demonizar a aquellos que creen que el propósito de cuidar el planeta no se contradice con la posibilidad de obtener una rentabilidad por ello.

Teniendo tanto que proteger en Chile, y tan pocos recursos para hacerlo, debiese ser un motivo suficiente para dejar atrás los prejuicios y abrazar las nuevas ideas, las innovaciones y la voluntad genuina que muchos tenemos para aportar al cumplimiento de este noble propósito.