Ello, aunque también es cierto que una Constitución puede tener un cierto derrotero específico, como una que se adscriba por ejemplo al estado de bienestar o ponga su acento en el crecimiento.

Algo que no se señala es que la de Estados Unidos tiene una clara inclinación liberal económica, lo que ha marcado el éxito de ese país, o que la de Alemania tiene una inclinación por el estado de bienestar.

Independientemente de estas consideraciones, el impuesto territorial o contribuciones deberían eliminarse por varias razones.

Una de ellas es que se trata de un gravamen al patrimonio, y en este sentido no cumple con un criterio básico de justicia tributaria. La vivienda, aunque sea un mecanismo de inversión ya ha pagado impuesto, y por ello lo que se debería pagar es el impuesto a la renta.

Agregado a ello, al ser un impuesto específico distorsiona fuertemente el mercado, en una región deficitaria de viviendas. Me explico, imagínese que usted es un inversionista, y puede invertir en una panadería o en comprar tres propiedades, si ambas inversiones generan la misma rentabilidad, las contribuciones harán que usted se desista de invertir en dichas propiedades.

Las contribuciones desincentivan la inversión en propiedades. En realidad, este impuesto equivale a gravar cualquier actividad específica.

Las contribuciones sólo se justifican si se cumple exactamente con un servicio que provee el Estado -o los privados por su intermedio-, como el retiro de la basura, el embellecimiento del espacio público, etc. En este caso aplica su pago porque no es justo que todos los chilenos deban ser gravados con esas actividades específicas, que beneficia sólo a los vecinos.

A lo más se podría mantener el Fondo Común Municipal (al que va una parte de las contribuciones que recaudan las comunas con más recursos), como una forma de distribución a las comunas con menos recursos. Pero, nuevamente esto atenta contra la justicia tributaria, y el sustento económico de los impuestos, porque estas políticas deben ser afrontadas por impuestos generales, y no por un impuesto específico.

Este impuesto territorial es un mal mecanismo para generar equidad urbana. Además, unas contribuciones acotadas, a servicios realmente prestados, permite una competencia entre comunas en torno a la compra de inmuebles, mejorando así la vida de los vecinos.

En resumidas cuentas, las contribuciones son un impuesto injusto y que no tiene ninguna justificación económica.