La realidad muestra que comunas del sur del país como Ancud, en Chiloé, deben recorrer cientos de kilómetros para dejar su basura a Los Ángeles, pues no cuentan con depósitos especiales para este objetivo. A esto se suma el cierre de centros de disposición y que las comunas sigan buscando opciones para dejar sus desechos.
Los datos oficiales indican que de los 42 rellenos sanitarios existentes en Chile, cerca de la mitad cumplirá su vida útil en los próximos diez años. La duda que surge: ¿qué comuna quiere tener un vertedero? La respuesta es clara: muy pocas o quizás, ninguna.
Por eso, la conformación de una Comisión Interministerial de Gestión de Residuos Sólidos y Economía Circular en julio pasado -que funciona al alero de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para hacer frente a la crítica situación de los rellenos y vertederos-, es una oportunidad de encontrar vías de solución.
La instancia debería definir un catastro de zonas donde se podría emplazar esta infraestructura e incentivos para que se implementen medidas sanitarias y ambientales para que estos centros generen los mínimos impactos. Al mismo tiempo se debe favorecer una drástica política de disposición, reciclaje, compostaje y rebaja de la cantidad de residuos que producimos (como un compromiso personal en favor de la sociedad).
Veamos lo que sucede en el mundo: en Estocolmo, Suecia, quienes producen energía limpia también son los encargados de comprar desechos para este fin; en Seúl, Corea del Sur, la zona donde se encontraba un enorme relleno se transformó en parque temático. En este caso, el gas metano se transforma en energía térmica.
La correcta planificación en las ciudades también debe contemplar la identificación de áreas para estos centros de disposición. Para ello se requiere que las municipalidades hagan suya esta cruzada, como también los ministerios encargados de planificar los territorios. Nadie quiere basura en su patio trasero, pero si producimos desechos sin parar, debemos detenernos para hacernos cargo de ellos.
En nuestro país luego de un periodo de malas prácticas, poco a poco se ha llegado a establecer normativas y fiscalizaciones que han permitido desarrollar sistemas algo más sustentables. Tal vez lo más débil ha sido la implementación de puntos limpios en la escala comunal para permitir un mayor reciclaje.
En lo cotidiano, la instalación de acopios produce rechazo entre los vecinos porque se produce desorden y emanación de olores. Junto con esto, aún no tenemos una normativa acorde que debe estar vinculada a programas y prácticas de educación ambiental para tomar conciencia del problema desde los primeros años de vida.