Así, en un contexto de violencia que no se detenía, el 21 de noviembre nos reunimos alrededor de 15 personas en la casa del destacado militante Claudio Martínez. Estuvieron ahí José Miguel Insulza, Hernán Vodanovic, Álvaro Briones, Fredy Cancino, Ramón Montes y Néstor Ortiz, entre otros. Coincidimos todos que no podíamos callar ante la situación que estábamos viviendo, y que debíamos condenar la violencia y el intento de desestabilizar la democracia.

Luego, el 24 de noviembre dimos a conocer la declaración “Carta por la Democracia”, suscrita por cien socialistas, que reaccionamos ante la grave situación que atravesábamos, y que -resumida- planteaba lo siguiente:

NUESTRA DEMOCRACIA ESTÁ EN RIESGO. Chile con todas sus imperfecciones es una república democrática, hay separación de poderes, pluralismo y libertad de expresión. Los movilizados violentamente negaban la existencia de democracia en nuestro país y apostaban por salidas de fuerza.

ATAQUE AL ESTADO DE DERECHO. Se denunciaba destrucción, vandalismo, pillaje, contubernio entre bandas criminales ligadas al narcotráfico y agrupaciones políticas extremistas; todo esto en un ambiente de odio, intolerancia, plagado de funas y descalificaciones.

LOS DERECHOS HUMANOS LESIONADOS. Manifestamos nuestra preocupación por los excesos que se cometieron en contra de manifestantes pacíficos y reconocimos, también, los numerosos efectivos heridos de las fuerzas de orden y seguridad.

EL CAMINO ES LA DEMOCRACIA. Se reconoció el valor del acuerdo del 15 de noviembre y el debate que se abría con el apoyo de la mayoría de las fuerzas democráticas con representación parlamentaria. Apelamos a la izquierda democrática a enfrentar esta escalada que podía conducir a nuestro país al quiebre democrático.

No se puede dejar de mencionar que algunas de las partes firmantes del Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución no lo respetaron, porque continuaron promoviendo la violencia. Otros, en la centroizquierda, hicieron caso omiso de nuestro llamado, incluida la directiva del PS, y -en paralelo- bregaron por la destitución del Presidente de la República, con acusaciones constitucionales que estuvieron cerca de lograr.

Frente a ello, algunos de los firmantes renunciamos a nuestra larga militancia en el Partido Socialista porque no aceptamos el silencio ominoso ante la violencia, hoy tan bien condenado por la Senadora Paulina Vodanovic, actual presidenta de ese partido.

Que algunos digan, ahora, que algo hicieron en esos días huele a mala excusa, como las que abundan en la historia de Chile.

Hoy, cuando los propiciadores de la violencia y los que los acompañaban silentemente sufrieron la aplastante derrota en el plebiscito del 4 de septiembre, con el triunfo del Rechazo al texto que pretendían que los chilenos apoyaran, apuntando al desmembramiento de nuestro país con una constitución racista que pretendía imponer en Chile el Apartheid, muchos de los que callaron el 2019 la apoyaron o no fueron capaces de eludir manifestarse contra la opción Apruebo ante una propuesta plagada, esa sí, de identitarismos de las más variadas minorías.

El 7 de mayo corrieron suerte parecida el voto obligatorio, la violencia, el mal gobierno, la Convención, la inmigración descontrolada, la delincuencia; si esa elección fuera ahora, después de los conocidos casos de corrupción de quienes pregonaban ser superiores moralmente, rozarían no más del veinte por ciento de los votos porque ese castigo será de carácter histórico.

Ahora, resulta de toda justicia reconocer a otros socialistas que nos acompañaron en ese momento firmando esa primera declaración: Ricardo Núñez, José Antonio Viera Gallo, Loreto Becerra, Oscar Guillermo Garretón, Juan Gabriel Valdés, Luisa Fredes, Alejandro Witker, Hardy Knittel, Gabriel Aldoney, Ariel Ulloa y muchos otros que, pese a la avasalladora -pero equivocada- mayoría que propiciaba los embates contra la democracia, supieron cargar sobre sus hombros el costo de ser consecuentes.