La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional se realiza cada dos años en nuestro país. En ella se consideran distintos indicadores que aportan valiosa información para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Entre ellos, figuran dos metodologías complementarias para la estimación de la pobreza: la que es medida por ingresos y la que es multidimensional. Ambas llegaron al mínimo histórico.
En la última versión de esta encuesta la pobreza por ingresos llegó a una cifra de un 6,5%, equivalente a 1.292.521 personas, 816.915 menos que la estimación publicada en 2020. A diferencia de la pobreza multidimensional, en donde se evalúan 5 dimensiones de la vida de las familias (educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno y redes y cohesión social); la pobreza medida por ingresos compara todos los ingresos recibidos por un hogar con la línea de pobreza, la que asigna un monto de referencia para cada hogar según su cantidad de integrantes en función de los precios de una canasta básica. Esto es particularmente relevante en el debate público contingente toda vez que, en los análisis tempranos, ha sido transversal la consideración de que las transferencias estatales a la población –como los IFE o la PGU, entre otros– tuvieron una significativa participación en esta caída de la pobreza en el país.
Es en razón del rol de programas sociales que el Presidente Gabriel Boric indicó «acá se muestra que no es el mercado actuando solo, que no es solo el crecimiento y el chorreo lo que termina con la pobreza, sino también la acción decidida del Estado y la generación de condiciones de igualdad y de dignidad para todo nuestro pueblo por parte de los gobiernos».
En esta declaración el Presidente reconoce el rol de los gobiernos anteriores en el resultado de la Encuesta Casen y reivindica el rol de la redistribución estatal de recursos, pero se equivoca con una obtusa crítica solapada al crecimiento económico y el rol de las economías libres y dinámicas. En efecto el Estado tiene, y probablemente de forma particular en este último período de dos años, un rol relevante en apoyar a las personas que no están pudiendo satisfacer sus necesidades básicas, pero el Presidente cae en una caricatura reduccionista cuando adosa al crecimiento económico a una economía del «chorreo».
El crecimiento económico tiene un rol irremplazable en el combate a la pobreza y en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las personas. La Serie Informe Social 154 de LyD, de J. Larraín y P. Henoch, describe cómo cerca del 67% de la reducción de la pobreza que se dio en nuestro país entre 1990 y 2013 fue consecuencia del crecimiento económico.
El impacto es tan profundo que en el análisis del periodo 1990-2000, tramo con altos indicadores de actividad económica, el efecto del crecimiento económico en la reducción de la pobreza bordea el 93%, mientras que, al aislar el periodo entre 2006 y 2009, época de un deterioro considerable de la economía, el impacto en la pobreza fue significativo y negativo. Crecimiento económico y pobreza están fuertemente vinculados: cuando el primero sube, el segundo baja y viceversa.
Por otra parte, Boric, con la referencia al «chorreo», da a entender que el crecimiento económico en los países ocurre en espacios cerrados de la sociedad y que, por alguna acción de benevolencia, las personas en dichos espacios cerrados permitirían que la riqueza descienda sin más al resto de la sociedad.
Este planteamiento desconoce el principio económico básico de que el valor es subjetivo y se genera en transacciones voluntarias. Por lo demás, para generar valor se necesita de capital y trabajo, con lo que necesariamente una economía más dinámica y pujante aportará más oportunidades laborales a la generalidad de sus integrantes. Cuando se producen y venden más productos y servicios en un país, en mercados libres y competitivos, estos tienden a generar valor para la sociedad, más oportunidades laborales y un mayor bienestar social.
Definir la relación de una economía pujante con el bienestar social, particularmente con la superación de la pobreza, a través del «chorreo», es simplemente un reduccionismo que es poco coherente con la realidad y, probablemente, más consecuente con tener una parte de sí buscando «derrocar al capitalismo».
Lo anterior no quiere decir que no se pueda evaluar y generar críticas al desenvolvimiento de la actividad económica en nuestro país. Resulta evidente que existen desafíos pendientes y absolutamente fundamentales, como propiciar un respeto irrestricto al medio ambiente, procesos más sostenibles y con menor impacto, como también tener mercados más competitivos y dinámicos para propiciar el beneficio de los consumidores y la posibilidad de emprender, entre otros varios; pero, en esta línea, los esfuerzos gubernamentales deben ir enfocados en políticas que busquen alinear correctamente los incentivos y no enlodar o menospreciar el rol de la actividad económica en el progreso nacional.
Por último, esta especie de reivindicación del Presidente al rol del Estado en el combate de la pobreza supone que algún actor político busca excluirlo de tal cometido. Por el contrario, la labor de fiscalización, redistribución y apoyo oportuno que debe mantener la entidad estatal resultan un paso esencial en el combate a la pobreza y, más amplio aún, a la vulnerabilidad. Es por esta razón que los casos de corrupción, malversación de fondos o un ineficiente y cuestionable uso de los recursos fiscales, como lo sucedido con el caso de Democracia Viva y otras instituciones vinculadas al oficialismo, son particularmente graves, dado que menoscaban la capacidad del Estado de concurrir en apoyo de los ciudadanos y el bien común.
Es una buena noticia que la pobreza haya recuperado el rumbo del descenso, pero el desafío es muy relevante aún. 1.3 millones de compatriotas viven en una situación de vulnerabilidad extrema, que afecta además con mayor ahínco a niños y mujeres. Por otro lado, para combatir la pobreza de manera efectiva, se hace necesario reivindicar y asentar el rol del crecimiento económico, acompañado de un Estado que salvaguarde y use correctamente los recursos disponibles. La pobreza ha disminuido, pero los desafíos relativos a su erradicación, siguen tan vigentes como siempre.