Algunos datos para darle contexto al problema.

Los gobiernos regionales históricamente destinaban un bajo porcentaje de sus recursos para hacer transferencias a privados, ya que la mayoría de los fondos se destinaban a inversión; ya sea comprando vehículos, maquinarias; traspasando fondos a los municipios o realizando inversiones en asuntos “físicos” – caminos, veredas etc. Pero todo cambió y la transferencia a privados el 2022 en todos los Gobiernos Regionales del país alcanzó la suma de 300 mil millones de pesos.

En la región del Biobío hasta el año 2020 , sólo un 3% era transferido a instituciones privadas como fundaciones , ONGs o universidades, y el 80% de los fondos se destinaban a inversiones. Pero con el cambio de Intendentes a Gobernadores todo cambió, llegando al año pasado a que 50 mil millones de pesos fueron a manos privadas, incluyendo 39 nuevas fundaciones y corporaciones que aparecieron de la nada y a las cuales se les anticipó entre el 50 y 100% del proyecto contra una garantía de solo el 10%.

Entonces el problema actual no es si la Sra. Polizzi compró ropa interior con el dinero que le regalaron. El problema es que alguien le regaló a ella, y a otras fundaciones y corporaciones, un montón de dinero para ejecutar proyectos millonarios que no tenían ningún merito y que no generarán ningún impacto en el desarrollo regional.

¿Quién cree que un proyecto para que los vecinos aprendan a limpiar bancas y otras capacitaciones cuesta 250 millones? ¿O alguien piensa que un proyecto para dar charlas nutricionales en la provincia de Arauco cuesta 380 millones? Claro, el proyecto se llama Política Regional para promover el bienestar Biobío vive sano, y de esa forma, al parecer, queda todo plenamente justificado.

El financiamiento millonario a proyectos con nombres pomposos, asociados a violencia de género, de niñez, de educación financiera, de cuidados de adultos mayores o de articulación de esto y lo otro, solo muestran una negligencia inexcusable de quienes han dado el visto bueno y que ahora quieren hacernos creer que es todo absolutamente legal y que con eso basta y sobra.

Basta leer la descripción de los proyectos para darse cuenta de que muchas de estas propuestas no tienen valor alguno, y de la revisión de las rendiciones mensuales de gastos uno se puede percatar inmediatamente que muchos proyectos solo sirven para el pago de sueldos y honorarios a una larga lista de personas que ocupan algún cargo ficticio en el proyecto. Incluso algunos de estos proyectos contienen rendiciones donde solo se informan reuniones entre los encargados del proyecto y fotografías que sirven de respaldo. Y con eso pasan por caja.

Aquí hay un derroche descarado de recursos. Hay un gran descuido en el uso de los recursos públicos. Simplemente alguien decidió regalarles dinero a manos llenas a un conjunto de corporaciones y fundaciones cuyo trabajo final tendrá un impacto nulo en la región. Quizás en el gobierno regional no sabían que hacer con el dinero, y si bien han financiado proyectos muy potentes, han decidido financiar otros que solo son un relleno en el presupuesto y solo generaran un beneficio financiero a quienes ejecutarán esos proyectos ideológicamente falsos.

No bastará hacer una auditoria para que sepamos que pasó. Una auditoria revelará que los proyectos siguieron los procedimientos y que todos, o casi todos, entregaron la garantía del 10% que aquí se exige. Pero no medirá el mérito del proyecto, no estableceré con quien habló cada uno de los beneficiarios para lograr su adjudicación y tampoco podrá chequear donde finalmente fue el dinero (si es que en los gastos aparecen empresas privadas cobrando servicios inexistentes). Se hace absolutamente necesario que el Gore Biobío publique en su web todos los convenios y todas las rendiciones de gastos, y que toda la ciudadanía pueda hacer la auditoria.

Si Polizzi gastó dinero en ropa interior, o si se paseó por restaurantes caros, es un tema irrelevante. Nada de eso aparecerá en una rendición. Lo relevante es que alguien se haga responsable de haber entregado tanto dinero a ese y otros proyectos innecesarios o absolutamente sobrevalorados.

Es hora de que las responsabilidades políticas se hagan efectivas, y eso incluye a quienes evaluaron los proyectos y a quienes los autorizaron. El despilfarro no puede seguir siendo premiado.