Si bien algunas de las temáticas más polémicas son salud, seguridad o educación, hay un aspecto que no ha sido muy atendido, pero que en el proceso anterior fue muy debatido: la descentralización, esto es, entregar a regiones y comunas más competencias y recursos para distribuir la toma de decisiones a lo largo del país en autoridades y órganos de carácter local para la resolución de problemáticas locales.

A pesar de los esfuerzos por avanzar en la elección de las autoridades regionales, dotarlas de mayores competencias e “independizar” los gobiernos regionales de la administración nacional, no parece haber un mayor norte, un objetivo o diseño al cual se quiera propender. Cada una de las distintas propuestas e intentos por profundizar la descentralización parece acabar truncado. Además, generalmente sólo consideran a la región, pero poco se debate sobre el rol del municipio en esta área.

Así, en el caso de la fallida propuesta de la Convención, y en línea con la propuesta proveniente desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, dicho texto pretendió establecer regiones y comunas con un alto nivel de autonomía, sin tutela o jerarquía entre sí, competencias y atribuciones determinadas por la Constitución y grandes facultades en materia de gasto y deuda pública.

Por su parte, el Anteproyecto de la Comisión Experta es más moderado en su propuesta que el de la Convención: se mantiene el mecanismo de transferencia de competencias desde el gobierno nacional hacia las regiones que rige hoy por ley -el que, dicho sea de paso, no se ha utilizado mucho-; delimita la autonomía financiera que se les pretende otorgar; y, si bien permite que tanto regiones como municipios puedan contratar empréstitos (endeudarse), lo limita señalando que no podrá financiar gasto corriente, esto es, entre otros, personal administrativo.

Con todo, mantiene las regiones y comunas como entidades de gobierno y administración, al igual que la propuesta constitucional anterior y a diferencia de la Constitución vigente en la que sólo son entidades de administración, residiendo el gobierno en su totalidad en la figura del Presidente de la República y en las autoridades de su confianza.

En este contexto, las distintas fuerzas políticas del Consejo Constitucional presentaron sus enmiendas, pero se pueden apreciar tres rumbos distintos e, incluso, incompatibles entre sí.

Por un lado encontramos al sector conformado por FA-PC-PS, cuyas enmiendas apuntan, principalmente, en permitir la creación de empresas públicas regionales y municipales, aumentar la densidad normativa de las deuda pública local y en eliminar al representante presidencial en la región, de manera que el gobernador regional sea la máxima autoridad regional. En lo demás, se puede señalar que comparten el mismo espíritu de la Convención moderado por la Comisión Experta.

Apuntando hacia el mismo sentido, pero con algunos grados de diferencia, se encuentran las enmiendas de Chile Vamos que, si bien fueron presentadas por separado en dos bloques, uno de la UDI y otro de Evópoli y RN, no son incompatibles entre sí. Éstas buscan reconocer el Territorio Chileno Antártico, profundizar los principios de eficiencia y eficacia en la distribución de competencias regionales y locales, eliminar la segunda vuelta de la elección de los gobernadores regionales, delimitar de mejor manera las funciones y atribuciones regionales y municipales y limitar la deuda pública de ambas en función del objeto que se persigue tras el empréstito. Nuevamente, parecen compartir el espíritu de las propuestas anteriores, pero con mayores límites y delimitación del rol de cada entidad en el esquema competencial.

Finalmente, y con un rumbo distinto, se ingresaron las enmiendas presentadas por el Partido Republicano, quienes modifican en gran medida el Capítulo VI sobre Gobierno y Administración Regional y Local que reúne las normas señaladas precedentemente. Sus enmiendas son bastante más conservadoras que las anteriores y buscan continuar con las bases del esquema vigente, a saber: radicar el gobierno en el Presidente de la República y mantener las regiones y municipios como entidades de administración, aunque se les otorgan también funciones normativas, de coordinación de servicios públicos, de ejecución presupuestaria y de complementariedad entre los otros niveles administrativos. Asimismo, busca reponer los límites a la reelección de las autoridades locales, que fueron olvidadas en el Anteproyecto, y suprimir la norma que las facultaría para contratar empréstitos.

Considerando la composición del Consejo Constitucional, no parece existir mayoría para la aprobación de ninguna de las enmiendas presentadas en materia de gobierno regional y municipios, pues el Partido Republicano parece estar solo en sus propuestas, mientras que el resto de fuerzas políticas, que en términos generales comparten un mismo espíritu, no alcanzan por sí solas el quórum de 3/5 para su aprobación.

Así, entorno a la descentralización hay tres escenarios posibles: que se transforme en una temática objeto de grandes debates en orden de alcanzar los 3/5, que no haya mucho debate y se mantenga lo que señala el Anteproyecto, o bien, que las enmiendas de descentralización sean utilizadas como carta de negociación para otras temáticas más visibles y relevantes ante los ojos de la ciudadanía.

Con todo, llama la atención que ninguna de las propuestas viene a resolver algunos de los grandes problemas actuales de las regiones o de los municipios. Por un lado, los gobernadores regionales son electos popularmente, pero no tienen ninguna competencia relevante, por lo que existe una creciente frustración de la ciudadanía hacia su figura. Por otro lado, los municipios, brazo del Estado que más cerca está de la gente, no gozan de la confianza suficiente del mundo político para entregarles más atribuciones por su falta de profesionalización y ausencia de métodos de fiscalización y controles efectivos sobre el destino de los fondos municipales.

Por lo tanto, el desafío de la descentralización no parece tener pronta solución. Eso sí, no parece ser culpa ni de la Convención Constitucional, la Comisión Experta, el Consejo Constitucional ni algún partido político en particular, sino de la falta de un acuerdo nivel país en la materia que defina un rumbo a seguir, con un norte claro y un objetivo concreto que conduzca hacia un creciente fortalecimiento de las regiones y municipios para que, cualquiera que sea el modelo de descentralización que se elija, las decisiones sobre los problemas locales sean tomadas por autoridades locales en beneficio de la población local.