La gestión pública y la política en estas semanas ha estado intensa de declaraciones, explicaciones y justificaciones sobre las asignaciones de fondos (convenios) a las fundaciones, siendo éstas empañadas su imagen, resintiéndose particularmente aquellas que poseen una historia de compromiso y buen actuar en la comunidad.

Así, lo sucedido reflota algunas ideas asociadas que suelen vincularse con conceptos como el amiguismo, la solidaridad partidaria, los parentescos y las vueltas de mano, entre otras.

Además, en la discusión de una potencial reforma tributaria, en la que una justificación es la carencia de recursos para afrontar la mejora de condiciones de una población vulnerable, el visualizar una eventual mala asignación o uso de los recursos, sólo acrecienta las desconfianzas.

Incluso, la Contraloría ha estado mencionada en cuanto a su actuar y oportunidad, pero es probable que las capacidades humanas y tecnológicas no den abasto para fiscalizar todas las operaciones públicas, pero, por ejemplo, ¿Qué pasa con el papel de las unidades de contraloría o control interno de esas instituciones que las poseen? ¿Existe alguna articulación entre lo que fiscaliza una y otra instancia de control, favoreciendo con ello el alcance de las inspecciones públicas? ¿Existe algún criterio en la selección de las fiscalizaciones, a manera de gestión de inventarios ABC? ¿Debe tecnologizarse aún más los sistemas de control/autorización de manera de automatizar algunos procesos de verificación, incluyendo la validación entre unidades del Estado (cruces de información con el SII o el Registro Civil, por ejemplo)?

Paralelamente, en entrevista al Diario Financiero, el director ejecutivo del Hogar de Cristo señaló: “Atravesaremos esta experiencia como sector para elevar el estándar de muchas fundaciones”, sin embargo, me parece que de ser natural como parte de la evolución el que las instituciones procuren mejorar sus procesos. Pero ¿realmente son las fundaciones el problema? ¿Es que sólo estas entidades operan con el Estado? ¿O es que no se podría dar una situación similar con otro tipo de organismos?

En tal sentido, una tarea fundamental radica en el ejercicio que le corresponde al Estado, a través de cada institución y las personas que la componen, salvaguardando los procesos y que los recursos, que ya son escasos, tengan una asignación pertinente, y en la que un control tardío o deficiente puede resultar nocivo. De ahí que los controles preventivos deben transformarse en una instancia relevante asegurando la entrega de recursos a personas o grupos idóneos y pertinentes, máxime si se trata de grandes cuantías: ¿Es posible que los protocolos y/o requisitos exigidos por una entidad pública puedan ser sobrepasados? ¿No podría suceder algo similar con otro tipo de asignaciones?

Por ello, las investigaciones que se realizan son relevante para revelar con precisión la naturaleza y alcance de la situación, sancionando a quienes corresponda, así como también modificando e implementado los procesos apropiados que eviten la posibilidad de que se repitan.

Así, como ciudadanos, independiente del gobierno de turno, y tal como plantea hábilmente nuestro reconocido Condorito, probablemente estemos pensando: “Exijo una explicación”.