A partir del desfalco de fondos públicos conocido gracias a la arista Democracia Viva, si bien aún falta por esclarecer totalmente los hechos, es claro que militantes principalmente de Revolución Democrática diseñaron un mecanismo de transferencia de fondos desde las seremías regionales hacia fundaciones ligadas al Frente Amplio que, en conjunto, ya ascienden a montos totales de más de 8.000.000.000 de pesos, superando el caso MOP-gate y Penta en conjunto.

Al respecto, el ex Convencional Constituyente Jaime Bassa (FA) y otras personas vinculadas cercanas al gobierno han culpado al Estado Subsidiario como la gran causa que permite la transferencia de dineros a particulares y, con ello, facilitar el desvío de dineros públicos; lo que, según su opinión, se evitaría con la determinación de que el Estado sea formulado como un “Estado Social y Democrático de Derecho”.

Sin embargo, esta afirmación desconoce el significado de Subsidiariedad, o al menos, es producto de una deshonestidad intelectual de igual tamaño que el desvío de fondos que se intenta minimizar.

La Subsidiariedad no es que los privados se hagan cargo de los derechos sociales ni que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible para que el resto lo domine el mercado. No. El Estado Subsidiario, en resumidas cuentas, es aquel que reconoce la libre y creativa iniciativa de todas las personas y su capacidad para aportar a la solución de los problemas públicos por medio de la libre asociación entre ellas. El rol estatal en este escenario es el de incentivar y garantizar la participación de la sociedad civil de manera que ésta sea capaz de lograr los fines lícitos que se propongan.

Esta participación de los ciudadanos, que agrupamos bajo el concepto de “sociedad civil”, puede ser individual o por medio de asociaciones. Estas asociaciones, a su vez, pueden tener diversas formas y fines como sociedades, empresas, juntas de vecinos, centros de alumnos, grupos deportivos, sindicatos, asociaciones gremiales y, por cierto, fundaciones y corporaciones, entre muchas otras formas.

Así, la existencia y subsistencia de estas asociaciones es fundamental para que la sociedad civil pueda participar activamente en la vida pública del país, finalidad a la que el Estado aporta, entre otras tantas acciones de promoción, reconociendo su existencia, asegurándoles su debida autonomía y asignándoles fondos para que ellas puedan cumplir sus propios fines específicos lícitos en atención al Bien Común, salvo que, por aplicación del principio de subsidiariedad, lo debido sea una acción directa del Estado ante la incapacidad o ausencia de la sociedad civil.

El problema en el #FundacionesGate no es, entonces, el medio escogido (una fundación formalmente correcta, pero ideológicamente falsa), sino el abuso, el fin ilícito, ilegítimo y delictual escogido para ello. El grosero monto total de las transferencias, el burdo mecanismo empleado, la “casualidad” de que todas estas fundaciones contienen militantes de un mismo partido y la asignación poco transparente a través de trato directo de los dineros hacen presumir que el verdadero fin de estas fundaciones era el desfalco del Fisco en beneficio propio de sus integrantes y a costa del bolsillo de todos los chilenos.

Como este mismo fin pudo haber sido perpetrado por medio de una sociedad con ánimo de lucro, una junta de vecinos, una persona natural o, incluso, por medio de un organismo estatal y el resultado hubiese sido el mismo, entonces no es determinante el medio que escogieron.

Las fundaciones y corporaciones, como Teletón, COANIQUEM o las universidades no estatales, sólo por nombrar algunas, han realizado grandes aportes al país y el Estado ciertamente las ha ayudado directa o indirectamente, pero esto no ha sido cuestionado. ¿Por qué? Porque la finalidad de cada una de ellas es un fin lícito y que aporta a la consecución del Bien Común.

Así, antes de achacar la culpa del presunto delito a uno u otro modelo de Estado, primero se debe entender el rol fundamental de la sociedad civil en los asuntos públicos, pues sólo así se comprenderá por parte de sus responsables el grave daño que han causado a la confianza pública, al erario nacional y al propio fin del Estado, que es el de contribuir a la máxima realización espiritual y material posible de todas y cada una de personas que habitan en el país.