Ética versus legalidad

Luego del bochornoso episodio en que el “honorable” diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado grabara y filtrara a la prensa una conversación sostenida de manera privada con el Presidente de la República, en un primer momento condenó el hecho señalando que con ello “se rompían las confianzas” (mintiendo descaradamente al país por cierto), para posteriormente, mediante una declaración pública reconocer su autoría en este caso.

En un posterior punto de prensa, Mellado indicó que no sentía vergüenza de lo que había hecho, y que consideraba que esta situación era un tema ético y que no habría infringido ninguna ley.

Hace pocos días se conoció la firma de millonarios convenios administrativos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. La suma de estos convenios ascendió a más de 426 millones de pesos. En este caso, el servidor público que autorizó y firmó estos convenios, Carlos Contreras, ahora ex Seremi, en un pasado reciente fue asesor de la diputada de Revolución democrática, “honorable” Catalina Pérez. Uno de los integrantes de la Fundación beneficiada, no es nada menos que la actual pareja de la misma diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade (hoy ocupando un cargo en el Ministerio de Defensa).

Tras hacerse público este hecho, la diputada Pérez a través de sus redes sociales informó que había oficiado a la Contraloría General de la República para que este órgano se pronuncie sobre la legalidad de la firma de estos convenios.

El ejercicio de la función pública descansa en la confianza ciudadana. Al fin y al cabo, la actividad política, la conducción del Estado y la democracia misma, sólo se sustentan cuando cuentan con un importante grado de legitimidad, palabra que no es sinónimo de legalidad.

El mensaje que nos dejan Mellado y Pérez es que la ética y la decencia no importan. En el primer caso, da lo mismo que se haya actuado a espaldas del Primer Mandatario, cuando reglas mínimas de urbanidad, sentido común y responsabilidad, le exigían al “honorable” diputado actuar de otra manera. En el caso de Catalina Pérez, no importa que su ex asesor le haya adjudicado un millonario convenio a la Fundación donde participa su actual pareja, para ella esto es normal y no importa la ocurrencia de un “pituto” (de esos que ella públicamente se comprometió a combatir), ya que lo único que vale es que el acto sea legal.

Lo anterior adquiere mayor gravedad, considerando las lastimosas defensas corporativas de los respectivos partidos políticos, Renovación Nacional y Revolución Democrática. En la medida que no seamos capaces de entender que el estándar de comportamiento exigible a quien ejerce poder va más allá de sólo respetar la ley, sino que involucra un actuar de buena fe y dentro de la ética pública, nuestra democracia está condenada a seguir deslegitimándose a los ojos de la ciudadanía, lo cual es particularmente grave, ya que una democracia débil abre las puertas a los populismos y autoritarismos.