Dicho funcionario sostenía que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central debía otorgar las recepciones de obras a unos de esos proyectos inmobiliarios con agrupamiento continuo porque habían “respetado” las normas contenidas en los respectivos permisos de edificación, pero sin emitir su oficio como circular de conocimiento público, lo que es irregular.

Ese dictamen de 7 páginas se dirigió con copia a Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central, a Tatiana Rojas, Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y a los representantes de la Inmobiliaria Conquista Godoy SpA e Inmobiliaria España Ltda, quienes por este asunto se habían dirigido al ente fiscalizador debido a que sus edificios terminados no contaban con las recepciones finales de obras.

Pues bien, la opinión pública, a través de innumerables noticias difundidas desde hace unos cuantos años en la prensa escrita, canales de televisión, radios y redes sociales, conoce sobradamente el episodio de la construcción de decenas (entre 70 y 80) de mega estructuras habitacionales en altura en un sector determinado que no contaba con regulación urbana de la comuna de Estación Central. Se construyeron con permisos de edificación contrarios a derecho otorgados por el respectivo Director de Obras Municipales (DOM) conforme a unos cuantos dictámenes vinculantes de la Contraloría General de la República y oficios del propio Minvu, incluyendo una contundente respuesta de la ministra Paulina Saball al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), asociación gremial que reclamaba.

La Contraloría en sus dictámenes se había dirigido a Rodrigo Delgado, en aquella época alcalde de Estación Central, diciéndole que el DOM en funciones debía paralizar las obras de los proyectos en construcción, invalidar los permisos de edificación conforme lo estipula el artículo 53° de la Ley N° 19.880 del Procedimiento Administrativo, y no seguir otorgando permisos, pues en ese sector urbano no existía un Plan Regulador Comunal (PRC). Algunas empresas recurrieron a los tribunales objetando lo resuelto por la Contraloría e invariablemente la Corte Suprema rechazó esas pretensiones.

Mientras Delgado operaba como alcalde, el DOM desacataba las instrucciones perentorias de la Contraloría y por tal razón las empresas continuaban construyendo. Como consecuencia de ello, ese DOM y la arquitecta que posteriormente lo reemplazó en el cargo, campantes y como si no hubiera pasado nada, felices de la vida. Otorgaron innumerables recepciones finales a torres que actualmente ya están habitadas. Pero cuando asumió como alcalde Felipe Muñoz la cosa cambió. En efecto, esta nueva autoridad municipal sumarió a los anteriores funcionarios que desobedecían los mandatos de la Contraloría y contrató a otro arquitecto, quien no ha cursado tales recepciones finales a unos 12 edificios terminados.

Todos sabemos que la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) dice que se deben demoler las construcciones ilegales, asunto que conoce muy bien el mediático alcalde Carter de La Florida, experto en derruir casas de narcotraficantes que no contaban con permisos. Por ello el dirigente social Alejandro Verdugo desde hace mucho tiempo, le está diciendo por escrito al Minvu que la Seremi aplique el artículo 157° de la LGUC para que, con la asistencia de carabineros, inicie las demoliciones de las primeras torres.

Este ministerio le responde que no puede ejercer su atribución, pues el caso de los guetos verticales de Estación Central está judicializado, lo que es efectivo: 5 particulares interpusimos querellas criminales por el delito de prevaricación administrativa en contra de los 2 funcionarios municipales díscolos hace 3 años, querella que fue ampliada por el alcalde Muñoz en contra de otros 2. Obviamente estas acciones judiciales no avanzan pues la fiscal asignada tiene mucho trabajo.

Suponemos que cuando dicha fiscal disponga del tiempo suficiente para investigar esta antigua situación llamará a declarar al ex alcalde Delgado, debido a que nunca se debieron otorgar estos permisos por la existencia de una formal y precisa instrucción del año 2007, firmada por un otrora jefe de la DDU Minvu dirigida a un DOM de Estación Central ya fallecido, funcionario probo que nunca cursó este tipo de permisos para edificios con agrupamiento continuo.

La Contraloría le dio la razón al funcionario Burgos y a las 2 indicadas inmobiliarias. Los permisos de edificación ilegales, que no fueron invalidados y por no estar judicializados, en la medida de que las estructuras construidas sean concordantes con esos actos administrativos, se consideran vigentes (sic). Conforme al artículo 144 de la LGUC y el artículo 5.2.5 de la respectiva Ordenanza, el DOM tendrá que recepcionar las obras, señalando además que “los interesados” pueden ejercer acciones ante otras instancias.

En resumen, en términos generales, unos 55 proyectos inmobiliarios declarados ilegales ya están construidos y habitados, unos 5 o 6 proyectos no avanzaron porque se invalidaron sus permisos y quedan unos 12 edificios terminados que se están transformando en “elefantes blancos”. Como no funcionó nuestra propuesta consistente en que las empresas que edificaron compensaran económicamente a la comunidad para que disponga de áreas verdes, un par de consultorios, al menos una comisaría y otros necesarios equipamientos públicos, lo justo y razonable es que la DOM curse a la brevedad las recepciones para esos 12 edificios que todavía no la tienen.

En sentido contrario, ya que hay edificios habitados y otros no, tendremos un trato asaz discriminatorio, pues se beneficiaría a algunos empresarios que son la mayoría y se perjudicaría a otros empresarios que son la minoría. Así, unos inversionistas ya han lucrado con las ventas de los departamentos de sus edificios y los otros se tendrán que declarar en quiebra forzosa.

Pero si opera el sentido común, lo cual es muy probable, estos 12 guetos verticales se podrán recibir por la DOM de Estación Central. Así, los promitentes compradores de sus miles de departamentos podrán firmar las escrituras en notarías y una vez esos inmuebles estén inscriptos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) podrán habitarlos. Con esta equitativa fórmula, se aumentará la oferta en el mercado de unas 8.000 viviendas y, por ende, se apoya el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno.