Según cifras extraídas del portal del Poder Judicial, el ingreso de causas totales en los tribunales de justicia de las principales ciudades del país aumentó un 64% en mayo, en relación con el mismo mes del 2022. Además, entre enero y mayo del presente año, acumulan un 59% de incremento en todas las materias.

Con respecto a las causas relacionadas con deudas, el panorama económico de Chile no alienta grandes esperanzas respecto a que la situación se pueda revertir en el corto plazo, y lo cierto es que muy probablemente las cifras seguirán empeorando durante el segundo semestre. No caben muchas dudas respecto a que este será el año en que miles de emprendimientos y familias no encontrarán soluciones a sus problemas de endeudamiento.

La realidad se repite en las tres macrozonas (norte, centro y sur) del país, con indicadores que van entre el 47% y el 77%. En diciembre de 2022, como referencia, el aumento en la tramitación de causas de todo tipo fue del 17%, casi tres veces menos que la cifra más baja reportada en la web del PJUD. En el último informe de mayo, solo el tribunal de Coyhaique experimento un descenso (menor al 1%).

Ante este contexto, es fundamental que las empresas, pymes y personas naturales que se encuentren en situación de morosidad evalúen tempranamente las alternativas disponibles en la Ley 20.720 de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas. El texto legal permite salir de los problemas de endeudamiento y reemprender gracias a las herramientas legales de nuestra regulación.

La denominada Ley de Quiebra entrega posibilidades que van desde la renegociación de las deudas con mejores condiciones de pago hasta la liquidación de los bienes para cubrir con las obligaciones crediticias previamente adquiridas y que permanecen pendientes.

Los beneficios de acogerse a la normativa radican en la remisión completa de las deudas, posibilitando la rehabilitación financiera. En otras palabras, salir de Dicom y volver a emprender.

El acceso a las herramientas legales disponibles también depende de que las personas se informen, evalúen sus opciones con sentido de realidad y busquen acompañamiento profesional de forma temprana. En la práctica, la Ley opera con plazos que van entre los 18 y 24 meses para volver a insertarse en el sistema financiero.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.720, este tipo de trámites era prácticamente exclusivo para las grandes empresas. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos diez años miles de personas y pymes han podido alcanzar la rehabilitación financiera y darse una nueva oportunidad. Volver a intentarlo sin la carga del sobreendeudamiento.