Luego del rechazo de la reforma en la Cámara de Diputados en marzo de 2023, lo que truncó las expectativas del oficialismo de generar un alza de impuestos significativa y de introducir una serie de innovaciones sin experiencias comparadas y de impacto evidentemente negativo, pero de envergaduras desconocidas, resulta importante agregar algunos elementos al debate en torno a cuán conveniente y justo sería para la ciudadanía y el país una nueva alza de impuestos.

El objetivo de la reforma planteada por el gobierno era reconocidamente recaudatorio. Es decir, buscaba obtener una mayor parte de la riqueza y valor creados por las personas y empresas en las actividades económicas que libremente estos desempeñan. Esto, sumado a problemas en su diseño, hizo que diversos expertos la consideraran como una reforma peligrosa, que dañaría profundamente a la economía y que dejaría a Chile en una posición de absoluta desventaja comparativa respecto de otros países con características similares y que se esfuerzan por presentar atractivas opciones para que empresas extranjeras inviertan en sus territorios.

En el debate se ha relegado el rol del crecimiento económico y la inversión. Cuando se plantea que esta reforma habría dañado la capacidad de Chile de atraer inversión, las implicancias de aquello es que se dejarán de producir empleos, que habrá un efecto de caída en la recaudación fiscal en torno a la ausencia de actividades económicas que de otra manera sí se realizarían y se truncarán opciones de colaboración y entrelazamiento entre cuerpos intermedios que crean un valor muy especial para las sociedades. Como lo que ocurre cuando una empresa que se integra a un país produce una nueva alianza con alguna institución de educación superior o el efecto en un barrio de la apertura de una nueva tienda o servicio.

Lo esperable en torno al impacto es bastante claro por parte de los expertos. Pero el gobierno ha insistido en no considerar dichos efectos e insistir en un nuevo aumento de la carga tributaria como sinónimo excluyente de reforma tributaria. De allí los intentos de establecer un “pacto fiscal” en el Congreso y vincular cualquier demanda de la ciudadanía en torno a promesas de campaña con la imposibilidad de financiamiento hasta la aprobación de una reforma de esta naturaleza.

Lo cierto es que existen una serie de argumentos para que la sociedad rechace y busque evitar la implementación de cualquier reforma tributaria que mantenga la impronta que este gobierno incluyó en su proyecto. Más allá de lo expuesto en cuanto al impacto negativo en inversión, empleo e ingresos, existen otros de naturaleza distinta que bien vale la pena analizar.

Si entendemos que el sistema tributario de un país es el mecanismo a través del cual un Estado debe financiarse, acotando el endeudamiento y abdicando de las empresas estatales, comprendemos entonces que los recursos recaudados poseen estrecha relación con las labores que aquel mismo Estado realiza. Hoy resulta una contradicción y un acto de injusticia con cada chileno, ciudadano y contribuyente, que se busque extraer más recursos desde la sociedad hacia el Estado cuando este último está siendo incapaz de cumplir satisfactoriamente con sus funciones más fundamentales.

El Estado existe, en su esencia, para administrar el monopolio de la fuerza legítima. En consecuencia, se encarga de la seguridad pública, la defensa de la soberanía nacional y de la aplicación de la justicia y la producción de legislación. Así, existen diferentes instituciones con las que persigue dicho cometido, como lo son las policías, las fuerzas armadas, los tribunales de justicia y el Congreso, por ejemplo. Cuando vemos que en aquel orden de funciones básicas existe actualmente en nuestro país un profundo déficit, entonces resulta inaceptable que el mismo Estado le exija al resto de la sociedad más recursos para la ejecución de un programa de gobierno.

Por otra parte, el Estado no solo está en deuda en cuanto a sus funciones más básicas y esenciales, sino que también lo está en cuanto a obligaciones de un siguiente orden, como lo son servicios sociales que entrega, entre los cuales está garantizar el acceso a la salud o la educación. Las recientes vulneraciones a menores en un colegio de Talcahuano y el déficit de conocimientos adquiridos por escolares en el marco de la pandemia; así como la muerte de pequeños lactantes por la falta de acceso a tratamiento oportuno de enfermedades respiratorias estacionales sumado a la extensa lista de espera para atenciones con especialistas y operaciones en salud, son prueba de que hay una tarea pendiente.

¿Tiene sentido entonces implementar una reforma tributaria que podría –o no– generar más recaudación para que el Estado se embarque en nuevas áreas de acción, cuando su actuar es a lo menos deficitario en aquellas que por esencia son propias? Esta fallida acción del Estado en sus elementos particulares implica el debilitamiento de su función solidaria toda vez que es incapaz de lograr con un nivel de suficiencia aquello que está en su propia esfera de responsabilidad.

De seguro más de alguno argumentará que la precaria situación de la seguridad, salud y educación en Chile, podría deberse a la falta de recursos para estas actividades. La verdad es que hoy el Estado carece de una actitud de aprovechar correctamente los recursos que ya posee. Así lo muestran las pérdidas significativas y sostenidas de empresas estatales que terminan siendo subsidiadas para no quebrar, o bien, el supuesto “Gas a Precio Justo” del ministro Jackson, que terminó siendo una iniciativa absolutamente deficitaria, además de vergonzosa frente a la opinión pública.

Si la escasez de recursos fueran la problemática particular para dichos problemas, no es necesaria una reforma tributaria para comenzar a resolverlos: bastaría con utilizar bien los que existen y, si sobre aquello se comienzan a dar resultados positivos, pues la discusión puede migrar hacia cómo aumentar los ingresos del fisco. De igual manera, y como fue mencionado, la reforma tributaria buscaba permitir la implementación del programa de gobierno oficialista y no necesariamente llevar más recursos a la salud o educación.

Otro elemento de justicia corresponde a una discusión que no se ha tenido con suficiente ahínco en nuestro país. Hoy se sostiene que “la base tributaria es pequeña”, refiriéndose a la idea de que sólo uno de cuatro chilenos pagaría impuestos a la renta. Lo que no menciona dicha afirmación es el efecto históricamente recaudador del IVA, un gravámen regresivo, y que se suma a una larga lista de otros impuestos que sí pagan la mayoría de los chilenos en su día a día. Muchos de dichos impuestos carecen de una lógica de justicia que sea capaz de argumentar su esencia en algo diferente a su capacidad para recaudar para el fisco.

Un ejemplo de lo anterior son los llamados Permisos de Circulación que son recaudados por los municipios. Para estos impuestos el principal –y quizás único– criterio que determina el monto que se debe entregar al fisco es el valor del vehículo que se posee. Así, en el caso de los automóviles particulares, si se tiene un vehículo nuevo, con una norma de mayor exigencia medioambiental, con mayores medidas de seguridad tanto para evitar un accidente como para proteger a sus pasajeros en caso de existir uno y que, en consecuencia, tiene un mayor precio de mercado, pagará un mayor impuesto que un auto más antiguo, más contaminante y menos seguro. También quedan fuera del ejercicio los kilómetros que cada vehículo recorrió y el peso, elementos que dicen relación con su impacto en los caminos.

Que este impuesto, como otros, sea ciego a criterios objetivos diferentes a la mayor recaudación posible da cuenta de una realidad: en materia de discusión tributaria en nuestro país, el Estado –y el gobernante de turno– busca los mecanismos para extraer tantos recursos como sean posibles del resto de la sociedad y luego se construye el argumento para defenderlo con algún criterio de razonabilidad.

Atendida la ausencia de un ánimo de austeridad en nuestro Estado, la deficiente labor que se puede constatar en torno a sus funciones esenciales y la obsesión con la mayor recaudación a toda costa, implementar una reforma tributaria en Chile como la que se rechazó recientemente no solo tiene problemas en torno a su impacto material en términos económicos, sino que es en su esencia injusta. Más aún si se impulsa para implementar un programa de gobierno partisano.