El déficit habitacional sigue siendo apremiante, por lo que el gobierno se autoimpuso la meta de construir 260 mil viviendas en cuatro años. Este “plan de emergencia” registra un 16% de avance, es decir, se han concretado 42.597 viviendas, a marzo de este año. Otras 134.182 están en ejecución y 67 mil ya tienen financiamiento para iniciar las obras.
Para dar impulso a estas tareas, la alianza pública-privada resulta clave. Se requiere seguir disponiendo del “banco de suelo público” -el reporte oficial indica que se sumaron 243 terrenos durante el último año-, para emplazar nuevos proyectos habitacionales. Ello se logra con la transferencia de suelo fiscal que hoy no se utiliza o bien con la adquisición a privados, proceso que debe continuar.
No hay que perder de vista que no sólo se deben entregar “soluciones habitacionales”, sino que la generación de proyectos de infraestructura más amplios. Es decir, nuevos barrios cuenten con reales índices de accesibilidad, integración, equipamiento, centralidad y mejores estándares de diseño, incluyendo áreas comunes y espacios naturales. Se ha avanzado en el relato, pero se requiere que sea una política pública consolidada.
En el marco del plan “Ciudades justas” y para alcanzar las metas comprometidas, también se deben seguir adoptando medidas como la “Ley miscelánea” que busca facilitar los trámites para llevar adelante iniciativas, acelerar los permisos en las Direcciones de Obras y poner en marcha la Ley de aportes al espacio público.
Además, la Ley de Fondo de Garantías Especiales, que busca dar impulso al sector de la construcción, facilitó acceso a créditos hipotecarios a quienes buscan adquirir por primera vez una vivienda. También es valioso que se entregue apoyo a las firmas por el alza del precio de las materiales, lo que puede afectar a las empresas y paralizar obras.
Otra línea de trabajo corresponde a subsidios de arriendo. La cartera ya adquirió un primer edificio en el Biobío y hay otro proyecto en Santiago. En otras partes del mundo, esta medida ha sido eficaz para bajar los déficit y permite dar movilidad social, en especial, a los jóvenes.
Los desafíos son enormes, si agregamos que nuestros urbes requieren mayor sustentabilidad. Infraestructura amigable con el medio ambiente en todos los niveles; formas de movilidad donde las redes de ciclovías seguras deben ser consideradas al tiempo que el transporte con energías limpias y electrocorredores dejen de ser proyectos piloto. Las metas en vivienda y en las ciudades siguen siendo ingentes; trabajemos por aportar a todas ellas.