Para solucionar la falta de dinero solemos tener pocas alternativas: pedir un préstamo en el banco o usar la tarjeta de crédito, solicitar un adelanto en el trabajo o pedir dinero prestado a alguien de nuestro entorno más cercano, generalmente a un familiar o amigo. Sin embargo, cuando esta red flaquea, hay personas que recurren a préstamos informales, con desconocidos que imponen una tasa de interés muy superior al máximo de crédito convencional –lo que es calificado como delito de usura–, y que si no son cancelados a tiempo hasta pueden costar la vida.

En Chile, solo el 51% de las personas tenemos acceso a créditos financieros, lo que se conoce como inclusión financiera. Con la masificación de la cuenta Rut, gran parte de quienes vivimos en el país tenemos donde guardar nuestro dinero, lo que nos permite ahorrar. Pero en caso de que no nos alcance, casi la mitad de nosotros solo puede recurrir a los préstamos informales, y es ahí cuando aparecen los malos prestamistas, los que incluso se promocionan por internet y redes sociales. Los invito a googlear “prestamistas Chile”, y van a encontrar una serie de sitios que se refieren a ello: préstamos privados, personas que prestan dinero, interés diario préstamo, prestamistas confiables, son algunas de las alternativas que aparecen. Ahora si googlean “latino loan in USA” (préstamos latinos en Estados Unidos), las opciones son muchas más.

La seguridad es una de las razones por la que el Banco Mundial ha establecido como prioridad avanzar a una mayor igualdad financiera, ya que alrededor de 2.500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales y el 75 % de los pobres no tiene cuenta bancaria. Para esta organización la inclusión es clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida y cumple con siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que Chile se comprometió a cumplir, antes de 2030.

En países de África, como Marruecos, la inclusión financiera puede superar apenas el 20%. En otros desarrollados, como Inglaterra, es prácticamente universal. A nivel latinoamericano, Chile es uno de los países que lleva la delantera gracias a diversas políticas adoptadas desde 2010, con un enfoque especial en materia de género, dado que a nivel mundial las mujeres pobres son las que menos cuentan con este tipo de accesos.

Sin embargo, en nuestro país el problema no es solo de las personas pobres, sino que también de la clase media: los mismos que no pueden acceder a la gratuidad universitaria por tener “demasiados ingresos”, tampoco puede solicitar un crédito hipotecario porque sus ingresos son “demasiado bajos”. Y para eso se está trabajando.

Sin duda el mayor avance en Chile, fue la publicación en febrero de este año de la Ley Fintech, la que mediante el uso de la innovación y tecnología ha permitido la entrada de distintos actores financieros al mercado, que a un menor costo pueden llegar a más personas. Esto significa que muchos de los que hoy viven fuera del sistema financiero, van a poder acceder a una cuenta con acceso a créditos y que además los usuarios vamos a poder poner a disposición nuestra información, para que las entidades financieras diseñen productos especialmente y únicos para nosotros, con lo cual aumentará la oferta y mejorará la cobertura, especialmente de personas mayores y migrantes, que, al no tener información bancaria, muchas veces no califican como sujetos de crédito.

Contamos con una normativa que da la oportunidad, pero como país sigue siendo necesario invertir en una tecnología que acelere el proceso y permita hacer de la inclusión financiera algo posible y masivo, porque urge. Vivimos momentos de inseguridad y desempleo, y sabemos la oportunidad de crecimiento que significa para un emprendedor comprar una maquinaria o arrendar un local comercial para vender sus productos. Oportunidades que no solo son personales, superan la pobreza, impactan en el PIB y en el país completo. Y, sobre todo, son un arma real y de paz, para combatir la inseguridad.