Por estos días, el ministro de Hacienda está iniciando conversaciones para reactivar la fallida reforma tributaria. Pese a sus intentos, se ha escuchado que no es el momento de hacerla, que el aumento de tributos sumado al escenario macroeconómico generaría un desincentivo a la inversión y que afectaría la recuperación del empleo, entre otros argumentos.
Se argumenta también, que dada la compleja situación que viven las MIPYMES y que concentran más del 65% de los empleos formales, que lidian con frecuentes problemas de acceso a financiamiento y falta de liquidez, estas ya no soportan mayores cargas tributarias, a pesar de la serie de subsidios y beneficios tributarios que les fueron otorgados para paliar, en parte, los costos por la disminución de la jornada laboral y el nuevo proyecto de salario mínimo. La difícil situación de las micro y pequeñas empresas se ratifica en los datos entregado por la plataforma digital de gestión de riesgo y monitoreo de deudores, Sheriff, que señala que en 2022 más del 70% de las empresas que se declararon en quiebra pertenecen a esta categoría.
Con estos antecedentes, sumado a la quinta alza consecutiva de desempleo, que se ubica en un 8,8% a nivel nacional y que en la Región Metropolitana volvió a dos dígitos (10,1%), no son pocos los actores políticos y gremiales que piden que antes de subir impuestos se revisen primero las propias ineficiencias del estado, eliminar los gastos en programas mal evaluados y que se ponga más énfasis en combatir el comercio ilegal y la seguridad que afectan el desarrollo de la actividad económica y las ventas.
Lo anterior, encuentra asidero cuando el INE confirma que el empleo público está creciendo significativamente. En el trimestre móvil enero-marzo el crecimiento de empleos públicos alcanzó a 8,6% anual y en el sector privado sólo a 1%. Esto significa que, de los 208.000 puestos de trabajo creados durante el último año, un 45% corresponden al sector público. Esta alza significativa se da además en un escenario en el que se declara la necesidad de mejorar la calidad del gasto y uso eficiente de los recursos públicos.
A modo de ejemplo, respecto de los programas que financian las instituciones del estado, la Dirección de Presupuestos, DIPRES, ha señalado que, de los 16 programas evaluados en 2021, ninguno tuvo buen desempeño, en tanto en 2022 de los 19 programas evaluados sólo 2 lograron esa clasificación.
Pese a la creación en los últimos años de diversos Consejos y Comisiones para “asesorar” en el problema de la calidad del gasto y eficiencia en el uso de los recursos, mediante la modernización del estado, la mejora de la política fiscal y la evaluación de políticas públicas y productividad, parece que es más “fácil” recurrir primero al alza de impuestos antes que implementar con urgencia las recomendaciones que emiten dichos organismos técnicos.