Ley SBAP para Magallanes: ¿De qué estamos hablando?

La Reserva Nacional Kawesqar fue decretada recién el año 2019, por lo que la “culpa”, por así decirlo, que estemos ahí es de la propia legislación. Que en su momento siendo áreas no protegidas nos dijeron ubíquese aquí y de esta forma.

Aprobaciones ambientales mediante, la industria invierte y opera con permisos, con autorización. No somos piratas. Somos también la industria que más aporta al PIB, al empleo y a las exportaciones de las regiones del sur.

¿Es un problema que deba resolverse con urgencia?

Los datos, que no son opinables, muestran que las 1.487 hectáreas otorgadas de concesiones de acuicultura en Áreas Protegidas de Magallanes ocupan un 0,019% de las 7.827.433 hectáreas protegidas en el maritorio de Magallanes (algo así como toda la República Checa).

En la Reserva Nacional Kawésqar las 67 concesiones de salmones otorgadas ocupan 1.389 de las 2.628.429 hectáreas de este territorio protegido. Un 0,052%.

En la misma Reserva se encuentran en trámite desde antes del año 2016 (previo al decreto de reserva) 59 solicitudes de concesión (nuevas y relocalizaciones), que suman 677 hectareas adicionales.

Como se sabe, el cultivo de salmón utiliza más o menos un tercio de las concesiones otorgadas para poder realizar el descanso que permite la recuperación del lugar. Entonces, la Reserva Nacional Kawesqar tiene peces en un mismo momento del tiempo entre 20 y 25 concesiones, unas 420 hectáreas. Es decir, un 0,012% de la Reserva Kawesqar se encontraría sembrada con salmones si quedara tal como esta y se ocupara la máxima capacidad de producción.

De esta forma, y a pesar de que para las ONGs el cultivo de salmón es equivalente a la extracción de plutonio, la zona de afectación es objetivamente menor. Por lo tanto, es un tema que perfectamente puede ser discutido en el marco de la ley de acuicultura que el gobierno anunció hace unos meses y no ahora ya.

¿Se termina la industria del salmón en Magallanes de aprobarse la indicación?

Hoy no, pero mañana sí. Resulta que de las 67 concesiones ubicadas en Reserva 57 tienen una vigencia de 25 años renovables. Al prohibir la acuicultura en Áreas Protegidas estas concesiones no podrán renovarse y ello implicaría el cierre de la industria en la región.

La afectación es diversa entre empresas; de las 6 empresas que operan en la región 2 no podrían renovar el 100% de sus concesiones, otra se afectaría el 76%, otra un 54% y una se vería el 34% de sus concesiones extintas. Es decir, 5 de 6 empresas deberían cerrar su operación y la única que se salvaría, deberá evaluar si tiene sentido seguir produciendo en Magallanes.

Si bien la última concesión que no se renovaría es el año 2044, las empresas dejarán de invertir a partir de mañana y los bancos e inversionistas no pondrán un mango.

¿La industria podría relocalizar?

No. Cada vez que converso con un ejecutivo de la industria me dice que feliz movería sus centros de cultivo a otro lugar, pero no se puede. Si bien el gobierno propone en la ley SBAP la relocalización prioritaria, también en la ley de pesca en el año 2010, después de la crisis del virus ISA, había prioridad para las concesiones ubicadas en corredores sanitarios, en zonas de interés turístico, etc. Sin embargo, de 500 presentadas, ninguna tuvo éxito hasta hoy. En castellano, quieren que nos vayamos, pero no nos dicen dónde ni cómo. Hay que recordar el otorgamiento de una concesión depende 100% del Estado.

¿Estamos en contra de la Ley SBAP?

Nooooo… es una excelente Ley, de hecho, soluciona un problema de institucionalidad y ordena la necesaria protección y conservación en Chile. El problema es que en una ley ambiental se propone modificar una ley sectorial. Es decir, el código minero, el código de aguas, la ley de telecomunicaciones y otras varias donde se otorgan concesiones sectoriales que podrían afectar las áreas protegidas no se están modificando en este proyecto, solo la ley General de Pesca y Acuicultura y en particular aplicada para la salmonicultura. Eso es, al menos, discriminatorio.

Estos datos son básicos, es una miradita por arriba. No estamos hablando de las inversiones realizadas y por realizar, tampoco de la credibilidad para la inversión extranjera, menos del efecto en proveedores o en el índice de actividad económica regional entre otros varios etc.

Entonces, lo cierto y quizás lo más grave, es que esta política pública no tiene una evaluación de impacto, se está haciendo a la rápida, sin dimensionar sus reales consecuencias.