En 2022, un informe del Banco Mundial, UNICEF y UNESCO señalaba que, en promedio, durante la pandemia, las y los estudiantes de Latinoamérica y el Caribe solo tuvieron un tercio de las clases presenciales en comparación con un año regular, y sobre la base de ello se han estimado tasas de pérdida o rezago de aprendizaje de 1,5 años para la región.

Para el caso de Chile, según un reporte de 2022 de la OECD los establecimientos permanecieron cerrados completamente por 147 días en el año escolar 2020 (77%) y 112 días en 2021 (59%). No obstante, en ambos años, se desarrollaron actividades educativas de manera remota, siguiendo orientaciones del Ministerio de Educación, sobre la base de un currículum priorizado.

Asimismo, ante la suspensión de la prueba SIMCE por razones sanitarias, la Agencia de Calidad de la Educación puso a disposición del sistema escolar el Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA) con foco en el monitoreo del desarrollo de habilidades básicas en lectura, escritura, matemáticas y ciencias sociales, y de habilidades socioemocionales de las y los estudiantes. La información de esta evaluación permitió a equipos docentes diagnosticar, monitorear y evaluar los logros académicos y avances socioemocionales de sus estudiantes durante el año en curso.

Es en este escenario se aplicó el SIMCE el año 2022, un instrumento que busca informar sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas de aprendizaje del currículo nacional, pero que no especifica el progreso de cada estudiante, y no toma en consideración la priorización curricular o adecuaciones pedagógicas realizadas por los establecimientos en el periodo de enseñanza remota producto de la pandemia.

Asimismo, desde antes de la crisis sanitaria contamos con evidencia en Chile que el SIMCE entrega información tardía y difusa para tomar decisiones pedagógicas, excluye a estudiantes con dificultades de aprendizaje, pone en riesgo el bienestar socioemocional de las comunidades y estigmatiza a establecimientos ubicados en contextos de desventaja social. Por lo tanto, es razonable cuestionar el valor que puede tener un instrumento de estas características en vista de los desafíos de reactivación del sistema.

El informe del Banco Mundial, UNICEF y UNESCO antes mencionado respalda medidas claves, entre ellas, que los gobiernos prioricen la recuperación educativa, el retorno de todos los niños y niñas que han abandonado la escuela y asegurar que permanezcan en ella, recuperar el aprendizaje junto con asegurar el bienestar socioemocional, y valorar, apoyar y formar a las y los docentes.

En relación con la evaluación, la recomendación de las organizaciones internacionales es promover evaluaciones sumativas y formativas, centradas en el progreso de los estudiantes para tomar decisiones pedagógicas oportunas. El SIMCE, con sus limitaciones y consecuencias negativas, es un instrumento del pasado y que difícilmente nos ayuda a forjar un futuro para que la educación chilena mejore en calidad y equidad.