Por otra parte, el Colegio de Profesores hace años ha centrado una de sus causas en la llamada “doble evaluación”, la que según el gremio establece dos sistemas paralelos para revisar el desempeño de los docentes: la Evaluación Docente y la Carrera Docente. Esta última medición, es un sistema de desarrollo profesional docente, que encasilla a los profesores en los tramos inicial, intermedio, avanzado, experto I y experto II, de acuerdo con la combinación de los factores de antigüedad en el cargo y resultados en la Prueba de Conocimientos Específicos, más los resultados del Portafolio.

Debemos considerar algunos elementos que son problemáticos del proyecto presentado por el Ejecutivo. Ante todo, el espíritu de la propuesta establece un sistema de acreditación o certificación en lugar de los elementos propiamente evaluativos. En dicho sentido, se propone como central las herramientas de reconocimiento de los niveles de competencias y habilidades profesionales, con lo cual, una vez que se accede a uno de los tramos establecidos en el proyecto, no es posible retroceder y forzar a los profesionales a una reevaluación. Con esto, se elimina el carácter formativo y periódico de la evaluación contemplado en la normativa actual, donde existen las herramientas adecuadas para que los docentes puedan ir capacitándose de mejor manera para la importantísima labor que realizan en las aulas.

En la actualidad medir el desempeño de los académicos es cada vez más necesario, considerando el avance que existe en las estrategias pedagógicas, el uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas, la masificación del Internet y la irrupción de nuevas tendencias como la Inteligencia Artificial. Esta última puede modificar en todo el mundo los paradigmas que existen al momento de la enseñanza, cómo aprender y estudiar, cómo hacer los trabajos del colegio, entre otros.

Por último, quiero destacar que se proyecta que a futuro tendremos escasez de docentes, pues no existe tanto interés por ingresar a estas carreras, por lo que será necesario generar incentivos desde el Estado y el sector privado para que los jóvenes se sigan formando como pedagogos. En el pasado esto se hizo con la mejora de los salarios de nuestros profesores, por lo que ahora habrá que evaluar otras alternativas acordes a los tiempos y las necesidades.