A fines de 2021, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó una norma que incorpora exigencias a las empresas para que incluyan en su memoria anual temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo de manera integral, requerimiento que será obligatorio a partir de 2023 para un primer grupo de compañías, y que irá aumentando gradualmente hasta 2025 para el resto. Como el proceso está aún en desarrollo, el Centro Económico de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, (Clapes UC), elaboró un estudio para analizar qué tan preparadas están estas primeras empresas para incluir en sus memorias de 2023 los índices de sostenibilidad.
Y los resultados son, por lo bajo, preocupantes. De las 116 firmas evaluadas, la mitad informó menos de lo que exige la normativa del CMF en lo referente a reportabilidad de riesgo climático, con falencias en cuanto a los criterios, la claridad en la definición e identificación de riesgos físicos y de transición que implica el cambio climático.
Imaginemos por un momento qué tan aceptable es hoy, que por ejemplo, una empresa falle o no haga su declaración de impuestos, o que la realice de manera incompleta o elusiva. Qué tan aceptable sería para los inversionistas que una compañía no entregue información sobre sus resultados financieros, sobre su desempeño. Si una empresa con la obligación de publicar una memoria anual no lo hiciera, pensemos qué tan aceptable sería esto no solamente para sus inversionistas, sino también para el regulador de esa actividad. O qué tan aceptable sería que una empresa de alimentos no publicara cuáles son los ingredientes que usa en la elaboración de sus alimentos, y así sucesivamente.
Si aplicamos la misma lógica al terreno de la sostenibilidad, tenemos que analizar entonces qué tan bueno y/o qué tan deseable es que una compañía no reporte sus impactos en todos los sentidos en que debiera informarlos. El punto es que entregar al mercado informes de sostenibilidad es una tendencia que ha crecido fuertemente en el sector privado en los últimos años. Hoy lo hace el 96% de las empresas en todo el mundo para dar cuenta de su desempeño sostenible.
En Chile, la tarea sigue pendiente y más que obligar a las empresas a cumplirla, tiene que existir un convencimiento real al interior de cada una de que esto no es sólo un documento que queda por escrito, hoy en día los reportes de sostenibilidad son herramientas que permiten a distintos actores tomar decisiones relevantes. Por ejemplo, los grandes inversionistas se mueven de acuerdo al riesgo que están dispuestos a tolerar, los retornos esperados, y también de acuerdo al objetivo o propósito social de quienes manejan el activo. Cada día son más los fondos comprometidos para inversiones que buscan financiar empresas y proyectos que consideran su impacto bajo criterios ambientales y ESG. Incluso los clientes finales están prefiriendo a marcas y firmas que cumplen con estos parámetros.
Incluir un foco sostenible no debería ser una obligación ni algo forzado para las compañías, sino más bien el centro de un modelo de negocios que busca promover el triple impacto económico, social y medioambiental. Esa es la verdadera invitación, más allá de la normativa que entrará en vigencia.