Los efectos de esta exclusión son evidentes; por más que se ha avanzado en leyes positivas, la representación de las mujeres en los cargos de elección no superan el 30%, cuyos porcentajes son menores en aquellos procesos sin cuotas o paridad.

Basta un pequeño recuento histórico para repararlos: las mujeres chilenas adquirimos el derecho a voto casi 150 años después que los hombres y hasta el día de hoy no son reconocidos derechos básicos que nos afectan directamente, como la remuneración y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados que históricamente ha sido relegado a realizarse por las mujeres en la esfera privada.

También se ha comprobado que la paridad abre discusiones desde una visión y análisis diferente sobre los temas que aquejan la vida de las personas ya que al incorporar la perspectiva de género las posibles soluciones son más representativas y efectivas. En resumen, la subrepresentación femenina no funciona solo como un síntoma, sino como el origen de la enfermedad misma, contribuyendo a reproducir dinámicas que excluyen a las mujeres de cargos, pero también de derechos.

Esta es una de las principales razones por las cuales la paridad es tan relevante. Asegurar la representación de las mujeres permite que sean los intereses de la comunidad política completa los que estén representados en los espacios deliberativos. Contrariamente a lo que algunas voces pretenden instalar, no niega ni disminuye la democracia, más bien la fortalece.

Para ello, es indispensable que contemos con métodos que aseguren una paridad real en nuestras instituciones. En el derecho conocemos bien la diferencia entre lo formal y lo sustantivo: no basta con decir que todos y todas somos iguales ante la ley, es necesario remover los obstáculos que impiden que esa declaración sea una realidad.

Es por ello que la paridad de los procesos constituyentes fue ideada para operar directamente en los resultados de la elección. Porque sabemos que el mero aumento de “oferta” de candidatas no es suficiente para corregir nuestra subrepresentación en estos espacios. Al contrario, es un hecho que las postulantes, sin importar lo competentes que sean, deben enfrentarse a numerosos estereotipos y prejuicios de género que muchas veces son inquebrantables.

Es entonces legítimo y necesario que, como sociedad, nos hagamos cargo del problema a través de herramientas efectivas que fortalezcan una democracia participativa, paritaria y con enfoque de derechos. De lo contrario, arriesgamos seguir perpetuando la desigualdad y una democracia que no sea más que una ilusión sin sustento, nuevamente en una carta fundamental como la Constitución Política de la República.