En 2022 en América Latina y el Caribe, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda alcanzó los 17,8 millones. Una de las situaciones más difíciles se registra en Haití, con 4,72 millones de personas afectadas, es decir, un 26% del total de la región.

Esta situación ha llevado a la población regional afectada a tener que tomar medidas extremas, como vender los animales, consumir las semillas a sabiendas de que no tendrán qué sembrar, liquidar la casa o mendigar para comer, lo que se convierte en un espiral de vulnerabilidad.

Esto tiene un impacto muy profundo particularmente en la población rural.

Actualmente, un gran porcentaje de las personas que atraviesan crisis alimentarias depende de los medios de vida agrícolas para sobrevivir. Esto es más crítico para las mujeres rurales. En un hogar donde no hay alimentos suficientes, la evidencia indica que las mujeres estarán en peor situación de seguridad alimentaria que los hombres. También hay brechas significativas en la seguridad alimentaria de poblaciones indígenas.

La situación de crisis o emergencia alimentaria que se reporta en la región en 2022 se debe principalmente a una suma de factores como los impactos de la guerra en Ucrania, a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID 19, y al impacto de los eventos climáticos extremos, entre otros.

Debemos profundizar los esfuerzos humanitarios con las poblaciones que ya no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas. Pero también es fundamental invertir en agricultura y producción local de alimentos; ya que eso también contribuye a la labor humanitaria en contextos de crisis alimentarias.

Actualmente, solo el cuatro por ciento de la asistencia humanitaria en los países en crisis alimentaria se destina a apoyo agrícola y medios de vida. Debemos brindar asistencia humanitaria para proteger medios de vida agrícolas, actuar proactivamente ante alertas que anticipan el deterioro de una situación de inseguridad alimentaria aguda antes de que se convierta en extrema emergencia, asegurar que la población rural esté cubierta por la protección social, y aumentar la resiliencia económica y climática.

Invertir en la agricultura y en los recursos que la sustentan es estratégico y rentable. Según nuestros estudios, los beneficios en estos casos pueden ser 10 veces mayores que si se dedican los fondos solo a la ayuda alimentaria. Además, el efecto de estas intervenciones se prolonga en el tiempo.

Sin iniciativas exitosas de recuperación y desarrollo sostenible, habrá una necesidad perpetua de acción humanitaria urgente y un riesgo creciente de deterioro hacia una emergencia crónica.

Debemos lograr estos resultados con esfuerzos más coordinados por parte de las organizaciones internacionales, los gobiernos, el sector privado, las organizaciones regionales, la sociedad civil y las comunidades.