Dada la envergadura del movimiento migratorio, la OIM alertó, ya el 2020, que teníamos en ciernes una de las crisis humanitarias más graves a nivel global del último tiempo. Además, los movimientos de personas de gran envergadura serán cada vez más frecuentes y de mayor complejidad. En este sentido, el Banco Mundial proyecta que cerca de 17.1 millones de personas migrarán en Latinoamérica por razones vinculadas al cambio climático para el 2050.

Ante esta realidad es de especial preocupación para el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) la actual política migratoria y el marco normativo que regula el contacto de agentes del Estado Chileno con la población migrante, especialmente para labores de custodia y cuidado de personas migrantes.

En la visita dirigida por el eje de interculturalidad y grupos de especial protección (GEP) la semana del 10 de abril (2023) a la Región de Arica y Parinacota, el Comité advirtió al Estado Chileno de varias situaciones que significan factores de riesgo ante posibles presiones migratorias en la zona y especialmente en el paso fronterizo, que elevan el riesgo de eventuales vulneraciones de derechos, torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por ello, tras la visita, se instó al Ministerio del Interior a establecer una mesa de trabajo para monitorear la situación de frontera donde participen organismos autónomos de DDHH con el fin de revisar que se cumplan los estándares en esta materia.

El fin es prevenir eventuales vulneraciones de derecho de parte de funcionarios/as en ejercicio de labores fronterizas, así como disponer de dos dispositivos de atención ante emergencias: uno para la atención de salud en el complejo fronterizo de Chacalluta, y otro de asistencia humanitaria que permita absorber contingencias, especialmente de grupos vulnerables (embarazadas, NNA, víctimas de trata u otros) que eventualmente queden en situación de desprotección entre fronteras.

Adicionalmente, se recomendó disponer de manera urgente de un plan de formación especializado en migraciones y DDHH para las fuerzas de orden y seguridad que operan en la zona, y formalizar a la brevedad un protocolo para atender a las personas que pertenezcan a los GEP y que queden desprotegidas “entre fronteras” o “varadas” en “tierra de nadie”.

Estas recomendaciones son claves para avanzar en esquemas de planificación ante eventuales emergencias. Obliga a la institucionalidad pública a revisar e instalar protocolos de actuación que orienten a funcionarias/os respecto del trato que el Estado Chileno entrega en frontera a migrantes a propósito de la crisis regional que vivimos. En este sentido, respaldar respuestas humanitarias basadas en los derechos humanos debe considerar medidas excepcionales en tiempos de crisis, al igual que instalar una respuesta de Estado que no se nutra tanto del vaivén de la agenda medial y de corte populista que se ha instalado en la discusión política, sino de las obligaciones que ha asumido nuestro Estado a nivel internacional.

La Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son algunos de los tratados internacionales que debieran orientar el actuar y las acciones de coordinación y diplomacia. Con este marco regulatorio a la vista, hacemos una invitación a nuestras autoridades a entregar a los migrantes una amplia gama de opciones para enfrentar las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan en el proceso migratorio.

La Crisis Migratoria en el norte de nuestro país no es circunstancial ni tampoco es asunto de competencia exclusiva de nuestro Estado. Es estructural y urge para su gestión un compromiso real de los Estados de América Latina. Es imperante la instalación de una política migratoria robusta para hacer frente a una crisis que llegó para quedarse, considerando la envergadura del flujo regional, que pone las condiciones de trato humanitario al límite.