Seis, seis, seis

Hace algunos días comenzó en la Cámara de Diputadas y Diputados la discusión de seis propuestas relacionadas a un sexto retiro de fondos de pensiones. Si bien tienen diferencias, los seis proyectos comparten una serie de graves problemas y costos para la sociedad. Podemos destacar seis.

Primero, no beneficia a los más pobres, ya que la población más vulnerable en su mayor parte agotó sus ahorros en los retiros anteriores. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, casi 2 millones de afiliados tienen en sus cuentas una cifra inferior a $50.000.

Segundo, impacta en la inflación, la cual, pese a los esfuerzos de política monetaria se mantiene en niveles altos, como indica el último IPOM del Banco Central: “la economía aún no ha logrado reducir los impactos del exceso de gasto que se acumuló en los años previos”. Lo que nos lleva al tercer problema: es regresivo, ya que la inflación afecta con mayor fuerza a los más pobres, a lo que se suman los potenciales beneficios tributarios que podrían obtener contribuyentes de mayores ingresos.

Cuarto, impacta en las pensiones, la evidencia es indesmentible, a febrero de 2023 la pensión autofinanciada promedio alcanza a 5,08 UF, lo que representa una caída de 26,6% con respecto a febrero de 2020 (antes del inicio de los retiros).

Quinto, afecta a la inversión, el ministro de Hacienda ha reconocido que incluso con una reforma que incremente la tasa de cotización, recuperar el nivel de ahorros previsionales podría tardar casi una década, esto implica menos recursos para financiar proyectos de inversión y, por ende, un menor crecimiento de largo plazo.

Y sexto, dificulta avanzar en una reforma a las pensiones, ya que aumentan las dificultades para financiarla.

Afortunadamente, el nivel de apoyo parlamentario parece ser menor al observado en los anteriores retiros, aunque en los últimos días han surgido señales preocupantes. Aún así, el tiempo dedicado a la discusión de estos proyectos sería mejor empleado en otros temas de interés nacional, y no en una política cuyos efectos negativos han quedado claramente en evidencia en los últimos dos años.