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El litio es determinante en la transición a una economía verde con cero emisiones. Durante la EXPOMIN 2018 en Santiago, se realizó el I Seminario “Litio: Mercado y Tecnologías”, con amplia participación de empresas del mundo. Se dijo que Chile tenía los mayores recursos y reservas comprobadas a nivel mundial, y que en 2023 las vitrinas de las automotoras ofrecerían los mismos modelos de auto a combustión y eléctrico a igual precio. Ninguna de estas aseveraciones se hizo realidad.
De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, Chile en 2022 ya no es uno de los países con los mayores recursos, aunque sigue teniendo las mayores reservas que son factibles de extraer. Los mayores recursos los tiene Bolivia con 21 millones de toneladas y Argentina con 19.3 millones. Chile es tercero con 9.6 millones.
Una cosa que no se dice, y que todavía es una ventaja para Chile, es que las salmueras en otros salares distintos al Salar de Atacama, en Chile y en el mundo, no son suficientemente aptas para las tecnologías actuales de refinación de litio, lo que requiere acondicionar las salmueras, agregando costos y grandes desafíos porque no está claro que exista tecnología para ello. Esto podría explicar por qué Argentina se ha demorado tanto con su oferta considerando que una veintena de proyectos privados trabajan afanosamente en ello.
¿Y qué pasa con la producción de litio en Chile? En 2022, de cinco licencias ofrecidas para exploración y explotación solo se asignaron dos, que finalmente quedaron detenidas en tribunales. La coexistencia de una Empresa Nacional del Litio es vista con buenos ojos prácticamente por todos, excepto por los que saben que el tiempo del litio es ahora, no mañana.
La reciente nueva Estrategia Nacional del Litio anunciada por el Gobierno parece recoger esta apreciación porque se enfoca principalmente en una articulación público-privada, con control del Estado en todos los escenarios. Impulsar la economía del país, y proteger a las personas y cuidar el medio ambiente en las zonas de exploración y producción, han sido los objetivos de la decisión.
Para ello es necesario invertir en tecnologías de extracción directa, reducir drásticamente el consumo de agua, migrar más rápidamente a una química verde, acondicionar salmueras que no sean aptas para ser refinadas por las tecnologías vigentes y, como se ha dicho, seguir avanzando en la cadena de valor del litio.
Una vez pasadas las reacciones de primer momento al anuncio quedará sobre la mesa que el Estado en el año 2022 recibió un 60% de la renta del litio de una de las megaempresas de litio en el país. Por lo que asociarse con el Estado que tendrá el 50% más una acción del negocio puede ser conveniente.
Lo desafiante será el logro de los objetivos que justifican la estrategia. Para ello se requieren recursos cuantiosos que el país no dispone y de allí la importancia de clarificar pronto el modus operandi de la estrategia y las ventajas para los privados que deben aportar los recursos, sean estos nacionales o extranjeros.
Preocupa sobremanera que la definición de los intereses y competencias subyacentes en los acuerdos público-privados tome demasiado tiempo del que el litio chileno no dispone. Con oferta insuficiente de litio, y precio extraordinariamente alto, las baterías y los autos mismos seguirán siendo anhelados, aunque inalcanzables para la mayoría, gran incentivo para los desarrolladores de baterías que buscan tecnologías de menor impacto que eviten el litio.
Un ejemplo es la batería de sodio, que estudios muestran que almacena tanta energía como las baterías equivalentes de litio y mantiene más de 80% de su capacidad después de mil ciclos de carga y descarga. Es una buena noticia para el mundo, pero para Chile ojalá no recree la historia del salitre.
