“La gente en el mismo tipo de comercio rara vez se reúne, aun para diversión, pero cuando lo hace, la conversación termina en una conspiración contra el público, o en alguna otra estratagema para subir los precios”. La frase de Adam Smith, parte de su libro “La riqueza de las Naciones” (1776) sigue vigente hasta hoy.
La semana pasada la prensa publicó detalles de la investigación que se está realizando sobre un supuesto acuerdo colusivo en las licitaciones de casinos. Entre los detalles sabrosos que hemos conocido en los medios está el uso de Confide, una aplicación que elimina mensajes inmediatamente después de ser leídos, y reuniones clandestinas, con elaborados planes para no dejar evidencia de su realización.
Todo esto no es muy distinto a casos anteriores, cuando se utilizaban cuentas falsas de correos por parte de los ejecutivos de la industria del papel higiénico para controlar el cumplimiento de su acuerdo de precios, o las reuniones entre “roedores y ratas” (así se autodenominaban), para coordinar las licitaciones de medicamentos de Cenabast por parte de varios laboratorios. Ambos casos, fueron sancionados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y las condenas ratificadas por la Corte Suprema.
¿Cómo conocemos todos estos antecedentes? En los últimos 15 años, sucesivos cambios legales han dotado de más herramientas a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en la lucha contra los carteles. En 2009, se incorporó la delación compensada y se entregaron nuevas atribuciones a la FNE, como la de efectuar escuchas telefónicas y realizar allanamientos a posibles infractores, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de los casinos en agosto del año pasado. Además, en 2016 se aumentaron las multas para los casos de colusión y se introdujeron sanciones penales para los responsables.
¿El resultado? No solo un mayor número de casos sancionados, sino que también una fuerte condena pública a los carteles y mayor conciencia sobre el daño que causan. Un estudio de 2019 de la académica Umut Aydin, muestra que un 86% de la población considera que los acuerdos entre competidores generan alzas de precios para los consumidores y un 70% apoya el aplicar la privación de libertad para los individuos culpables de colusión.
Esto representa un cambio fundamental en nuestra sociedad. En efecto, quince años atrás no era extraño escuchar a ejecutivos argumentar que los acuerdos entre competidores podían justificarse en algunas ocasiones, o leer en un diario al presidente de una importante empresa indicar en una entrevista que “hemos logrado acuerdos con respecto a lo que le corresponde a cada uno en el mercado. No nos vamos a quemar por un 1% más”. Declaraciones que serían impensables hoy.
Nuestra institucionalidad de competencia no es perfecta: entre los aspectos a revisar están los tiempos de tramitación de las causas en los tribunales, los cuales pueden extenderse por años. No obstante, es indudable que nuestro país ha progresado en forma importante en esta materia. Adam Smith nos enseñaba que la tentación de un acuerdo colusivo está siempre presente en el mundo de los negocios, por ello, contar con herramientas potentes para detectar y castigar es clave para el funcionamiento de la economía de mercado.