El año 1990 la producción de cobre de mina en Chile alcanzaba a 1,6 millones de toneladas, siendo la participación del Estado de un 75% en manos de Codelco. Los gobiernos democráticos, a contar del año 90, implementaron una política de desarrollo minero que se caracterizó por ser del tipo público-privada, en la cual se dictaron leyes que promovieron la inversión, establecieron las condiciones tributarias para que el fisco recaudara los impuestos de la actividad y generaron la certeza jurídica que permitiera el desarrollo del sector.

20 años después, en 2010, la producción de cobre en Chile alcanzó los 5,4 millones de toneladas, donde la empresa estatal contribuyó con 1,7 millones de toneladas, similar a la producción de veinte años atrás, y el sector privado con los 3,7 millones restantes. El éxito de la política radicó en el significativo aumento del aporte que representó la minería para los ingresos fiscales, los cuales pasaron de US$ 1.500 millones en el año 1990 a US$ 15.000 millones de dólares recaudados el 2010.

Con lo anterior quiero representar que el desarrollo y la explotación del litio no debe estar restringida por aspectos que, a la larga, no hacen más que obstruir su desarrollo y los beneficios que generará esta actividad al Estado y en consecuencia a todos los chilenos.

Un desarrollo equilibrado, que incorpore la participación del Estado dueño de los minerales y que considere una justa retribución al fisco, y la iniciativa privada generadora de la inversión y gestora del conocimiento, debe constituir la guía que conduzca la estrategia de desarrollo del litio en el país, y así alcanzar los frutos que tanto anhelamos.

La estrategia propuesta abre un espacio para que la posterior política considere la realidad técnica y económica que existe a nivel mundial en torno al competitivo mercado de la minería del litio, ya que ello es finalmente lo que generará los recursos que necesita Chile.