A raíz del frustrado negociado con la Clínica Sierra Bella, aludimos a los llamados “informes en derecho”, emitidos por abogados influyentes, previo pago pactado, los que son utilizados por litigantes en los tribunales para así mejorar su posición en la controversia judicial, lo cual es de toda lógica pues el que está dispuesto a remunerar es el que manda.

Pues bien, la Contraloría General de la República después de un acabado y extenso análisis que se refleja en un reciente dictamen vinculante, decidió que el contrato de compraventa, por la famosa clínica Sierra Bella, en una altísima suma de dinero, firmado entre la inmobiliaria San Valentino SpA y la municipalidad de Santiago, no podrá materializarse. Este columnista tiene el deber, porque la prensa en general no lo ha dicho con claridad, que la única persona que objetó la compra, desde el principio, fue la concejal independiente Rosario Carvajal. El resto de los concejales, de izquierda a derecha, aprobaron sin más este proyecto de la alcaldesa.

Desde que se empezó a comentar esta situación, la alcaldesa Irací Hassler y sus principales asesores argumentaban muy convencidos que todo el proceso de la adquisición del inmueble era impecable y que nadie, en su sano juicio, podía objetar los 3 informes de tasación firmados por sendos arquitectos “expertos” y por ende confiables, contratados para ese efecto por la propia municipalidad de Santiago.

Pero, tan pronto la alcaldesa recibió el categórico dictamen de la Contraloría, convocó a una conferencia de prensa anunciando que le pedía la renuncia a su jefe jurídico, abogado Jean Pierre Chiffele y a su jefe de la secretaría de planificación Luis Antonio Mayorga, ambos comprometidos lealmente con la decisión de la alcaldesa. También ella dijo que en el más breve plazo, interpondrá acciones judiciales en contra de los peritos tasadores, Mylena Cárcamo, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo, porque las cifras entregadas por ellos la indujeron a cometer el error de firmar esta operación comercial.

La persona jurídica privada denominada Asociación de Tasadores de Chile (ASATCH) las emprendió en contra de sus colegas en desgracia, omitiendo lo que sucedió en estos días con los 3 tasadores, también arquitectos, que intentaron hacerle un millonario regalo a la empresa Copec con motivo de la indemnización del MOP, por el terreno que se le expropia a la anterior en la comuna de Las Condes para construir allí una estación de la línea 7 del Metro.

Es más, esta tasación tramposa llegó al Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuyos abogados constataron el error de la misma y tal serio organismo público resolvió reducir en un 75% el monto de la indemnización. Más de alguien podría preguntarse la razón que tuvo la ASATCH para no criticar a los arquitectos Andrés Risso, Sonia Gallegos y Claudia Marzullo quienes se equivocaron con la tasación del terreno de Copec.

¿Será que esa asociación privada de tasadores enmudeció con el fin de no molestar a una empresa tan connotada en el mercado o bien que dichos “peritos” son miembros de dicha asociación? Como no se sabe, sería necesario una pronta precisión por parte de la aludida.

El 04/04/2023 Megavisión puso en pantalla el reportaje “Los otros Sierra Bella cuestionadas en 3 comuna de Santiago”, en donde se da a conocer el pago en exceso de $ 430 millones, por parte de la Municipalidad de Las Condes, por una casa que un mes antes se había vendido en $ 422 millones, lo que fue denunciado por 4 concejales en el Ministerio Público. Todos los sabrosos detalles de esta operación especulativa están publicados el 05/04/2023 en Ciperchile, reportaje que se recomienda leer para saber como operan algunos avispados actores del mercado.

En ese mismo reportaje se informa sobre la compra en un alto precio de un terreno rural, por parte de una de estas desprestigiadas “corporaciones municipales” a un privado en la comuna de Colina, cuyo destino sería construir allí un hospital para la zona norte de Santiago. El precio se determinó amistosamente esperándose que más adelante el gobierno regional aprobaría el cambio de uso de suelo para transformarlo en urbano, lo que no sucedió porque la Contraloría resolvió por varias razones que tal negocio era improcedente.

El abultado dinero que la “corporación municipal” pagó al privado le fue transferido por la municipalidad de Colina, cuyo alcalde Mario Olavarría siempre argumentaba que era intachable su actuación y que no era necesario que algún arquitecto tasara el terreno.

En el caso de la Clínica Sierra Bella, cuyo nombre debiera ser Sierra Fea, la Justicia deberá resolver si el desmesurado precio asignado al inmueble por los 3 tasadores fue inducido por algunos interesados y quiénes serían éstos, o bien si esos peritos eran solo estudiantes en práctica.

Por lo relatado y con el fin de terminar con estas indebidas prácticas, le proponemos al gobierno que redacte un proyecto de ley para que en el futuro la institución de los tasadores sea absolutamente confiable, modificándose asimismo la conocida corrupta figura de las “corporaciones municipales”.