El uso de la fuerza por parte de la policía es un tema complejo que ha sido y es objeto de debate constante en todo el mundo, y Chile no es la excepción.

En medio de la peor crisis en seguridad que ha registrado nuestro país en democracia, es necesario discutir con seriedad el proyecto de ley que busca fortalecer las facultades policiales incorporando un correcto equilibrio entre el necesario debate político y la rigurosidad técnica que merece una materia de esta relevancia, evitando la permanente tentación populista, especialmente presente en momentos críticos.

Es importante destacar que el uso de la fuerza por parte de la policía debe estar basado en principios claros y bien definidos, que garanticen su razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Estos principios son fundamentales para garantizar que la policía actúe de manera adecuada en situaciones de riesgo, pero también para proteger los derechos y libertades de las personas.

En este sentido, es importante diferenciar la razonabilidad de la racionalidad. La racionalidad se enfoca en la lógica y en la coherencia interna de una decisión, mientras que la razonabilidad se enfoca en la adecuación de una decisión a la realidad de la situación. Es decir, una decisión puede ser racional, pero no necesariamente razonable en el contexto de una situación específica.

Es por eso que la razonabilidad debe ser uno de los principios rectores en el uso de la fuerza por parte de la policía. Esto significa que la policía debe tomar en cuenta todas las circunstancias relevantes de una situación, incluyendo el nivel de amenaza, la cantidad de personas involucradas, el contexto social y cultural, entre otros factores, al momento de decidir si es necesario el uso de la fuerza y en qué medida.

La comunidad demanda mayor seguridad, pero esto no debe significar que se ignoren los derechos humanos y las libertades civiles. Por eso, es importante que el Estado, representado tanto en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como Carabineros y la Policía de Investigaciones, asuma su responsabilidad en materia de regulación y control del uso de la fuerza por parte de la policía.

Es necesario que se establezcan políticas, normas y procedimientos claros y bien definidos que permitan garantizar la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, así como la rendición de cuentas y la responsabilidad por parte de la policía y las autoridades responsables. Estos instrumentos son clave, pero que al momento de su diseño específico y por sus características, no pueden ser materia de ley.

Es fundamental que en el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, se aborde el tema desde una mirada amplia, basada en los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Además, es importante que se establezcan políticas, normas y procedimientos claros y bien definidos que permitan garantizar la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, así como la rendición de cuentas y la responsabilidad por parte de la policía y las autoridades responsables. Es urgente avanzar hacia un sistema de seguridad pública acorde a nuestras necesidades y desarrollo como país.

El mismo desarrollo del cual solemos vanagloriarnos, pero que al momento de abordar la seguridad pública, hemos olvidado por muchos años, dejando a nuestras comunidades en una situación de vulnerabilidad constante y creciente.