Llevamos años en diagnósticos y debates que, en vez de tener una expresión en el territorio, quedan en palabras, números y discusión de la élite política y académica.
La segregación y desigualdades en Chile tienen en el crimen organizado una de sus expresiones más complejas, pues no sólo se instala y crece en el territorio, sino que también lo hace lejano a los espacios habituales de los tomadores de decisión en el Estado.
No se requiere ningún estudio, grupo de análisis o diagnóstico para saber que en fenómenos de crimen organizado, como por ejemplo el narcotráfico, el copamiento del territorio es parte de los pasos clave para instalar y desarrollar “el negocio”.
A pesar de lo evidente, funcionar sobre “el daño” sigue siendo la cultura que destaca en la gestión de la seguridad pública. Incapaz de anticipar, tomar medidas concretas, tener un enfoque multidimensional que permita mantener y fortalecer la presencia del Estado en el territorio, y algo esencial, sentido de urgencia.
Esta cultura prevalece mientras el crimen organizado avanza al punto que los funerales con disparos y fuegos artificiales se han transformado en un evento programado, conocido y difundido. Llegan al punto de circular por las calles en un rito donde el “caído” queda instalado como un “mártir” de la causa, y la procesión en su conjunto sólo muestra al barrio, la comuna y el país el nivel de copamiento territorial al que se ha llegado. Este solo “evento” es en sí mismo “clavar la bandera” más allá de los actuales límites, expandiendo aún más su alcance.
Más de una decena de centros de educación cerraron en Valparaíso – Patrimonio de la Humanidad – por temor y por la seguridad de su comunidad educativa. Una decisión que, ante la situación actual, es totalmente comprensible, pues la primera prioridad es la protección y bienestar de quienes ahí se desarrollan. Criticar aquello es simplemente una expresión más de la segregación social de un país donde quienes deciden no viven en primera persona la falta de condiciones de seguridad y una cada vez peor percepción de esta.
Pero esto no es exclusivo de un “funeral narco”. La diferencia entre lo ocurrido la semana pasada, en su base, no se aleja de lo visto en La Florida y las mediatizadas demoliciones de las llamadas “narco – casas”, como tampoco de lo que ocurre en la Macrozona Sur, donde un denominador común es el copamiento del territorio por grupos criminales y la ausencia del Estado.
Es urgente salir del discurso, los diagnósticos, y análisis. Lo concreto es que hace más de una década que el área de seguridad pública es una de las peor evaluadas por la comunidad. Lo vimos venir, llegó, nos pasa por encima y el Estado sigue lejos del territorio y soluciones concretas, tangibles.
La semana pasada se evidenció la vulneración de derechos y falta de protección de niños, niñas, adolescentes y toda una comunidad educativa. Lo ocurrido no debería ser un titular, sino un escándalo, pero parece que nos estamos acostumbrando.
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