Lo decimos fuerte y claro: no es normal que 15 establecimientos educacionales suspendan sus clases por un narcofuneral y no es posible que como sociedad vayamos en camino a normalizar aquello.

Por supuesto, los encargados de cada uno de esos establecimientos que suspendieron las clases lo hicieron pensando en lo mejor para sus comunidades y echaron mano a lo que podían hacer en ese contexto. No son ellos los que deben dar explicaciones.

Quienes sí deben hacerlo son los que están a cargo de la seguridad pública y de las garantías mínimas para que en cada comuna de Chile se desarrolle la vida cotidiana de la población en sus lugares de trabajo, estudio y esparcimiento. Condiciones mínimas que no son otras que no tener balaceras a metros de donde se camina. No pedimos mucho, tampoco.

Esas explicaciones deberían partir por la policía, que en un hecho insólito abandonó a la ciudadanía de Playa Ancha y permitió un narcofuneral con balazos y bloqueo de calles. ¿Cómo es posible que una institución uniformada, profesional, jerarquizada y armada sucumba ante un grupo de delincuentes con armas hechizas? Hace un tiempo sonó con fuerza la demanda de una reforma profunda a Carabineros de Chile y casos como el narcofuneral de Valparaíso no hacen sino reflotar esa idea, ante una policía sin inteligencia ni eficacia, que más que requerir «que nadie la cuestione», como pide su General Director, requiere una intensa re-estructuración que la actualice a los desafíos de estos tiempos.

Y quienes deberían dar explicaciones también son las autoridades políticas e institucionales a cargo de la seguridad pública, que solo después de que fuera noticia nacional este narcofuneral salieron a comunicar que no era tan grave y que no deberían haberse suspendido las clases, en una increíble falta de coordinación de lo más elemental. Cuales generales después de la batalla, una vez que ya pasaron las balas se animaron a informar a las escuelas y salir por los medios a aclarar el asunto, cuando estudiantes, profesores y vecinos ya habían tenido que estar escondidos en sus casas esperando que la batahola pasara.

Y, finalmente, el Ministro de Educación debería dar una explicación mayor que un simple hilo en Twitter sobre su aprobación a la suspensión de clases: la máxima autoridad de educación debería ser quien encabece una cruzada por sacar a la delincuencia de las escuelas y sus alrededores.

En definitiva, lo que necesitamos de policías y autoridades es un reconocimiento simple: que no es normal ni está bien que los narcotraficantes ganen la calle y el espacio público y afectan a escuelas, liceos, jardines infantiles y universidades. Con ese reconocimiento a la base, nos podemos convocar todos a trabajar coordinadamente en las acciones de corto, mediano y largo plazo para superar este mundo al revés en el que estamos viviendo, ese en que los narcos pasan a balazos por las calles y estudiantes y trabajadores de la educación tenemos que escondernos para no molestar sus narcofunerales.