En nuestras semanales columnas de opinión, permanentemente y desde hace varios años, hemos desenmascarado puntuales situaciones que burlan las sanas reglas del mercado, a veces a través de la connivencia entre actores privados y agentes públicos de todos los gobiernos y por ello en esta ocasión nos es grato comunicar a los lectores de este medio de prensa, tres episodios que permitirán respetar nuestro Estado de Derecho.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) impidió un enriquecimiento sin causa de la empresa Copec

Con motivo de la expropiación de un terreno que ocupaba Copec en la comuna de Las Condes, ello para construir allí una de las estaciones de la Línea 7 del Metro, unas arquitectas “expertas” en establecer las indemnizaciones por parte del Estado, conocidas como tasadoras, resolvieron livianamente el 25/06/2019 que el monto a entregarle a esa empresa era muy alto, error que cometieron porque desconocían las restricciones de uso que tenía el predio en los vigentes instrumentos normativos intercomunales y comunales, lo que fue validado por el exministro, Juan Carlos García, del MOP, razón más que suficiente para denunciar esa insensatez en la Contraloría General de la República.

El ente fiscalizador respondió el 03/02/2023 que, por tratarse de un asunto de naturaleza litigiosa, se tenía que abstener de emitir un pronunciamiento, lo cual significaría admitir en los hechos que el MOP le donara graciosamente a Copec más de $ 5.000.000.000. Entonces, sin darle mayor importancia a la respuesta de la Contraloría, se le entregaron todos los antecedentes al CDE para que sus abogados analizaran y resolvieran. Como era previsible este servicio público tomó el toro por las astas y anulando el Decreto Exento del MOP, determinó que la suma de la indemnización era del orden de los $2.000.000.000, por lo tanto, ahorrándole a las arcas fiscales una importante suma de dinero.

El Concejo Municipal de Concón le dijo NO a un “arreglo” concebido para el hotel Punta Piqueros

En efecto, el 22/03/2023 tuvo lugar la votación en esta instancia municipal para resolver si era posible aprobar una propuesta de acuerdo judicial, de los dueños del hotel, familias Bolocco, Urenda, Eluchans y Said, y de una corporación privada que cuida el patrimonio y el medio ambiente, dirigida por el empresario de la moda Jorge Yarur, la misma que en un inicio se oponía con mucha convicción a la construcción del hotel, hoy terminado con 9 pisos. A todos los relacionados con el asunto les llamó la atención este repentino y extraño cambio de postura de esa corporación, más aún porque le pedía a esos 4 empresarios la suma de $500 millones por el arduo trabajo intelectual realizado anteriormente.

El alcalde Freddy Ramírez, independiente, apoyaba tal propuesta, consistente en modificar el destino hotel por diferentes tipos de equipamientos, reduciendo en 2 pisos la altura del edificio, aceptando la mendaz figura urdida por los interesados en orden a que algunos pisos del hotel serían “subterráneos” (sic). Los abogados Juan Carlos Manríquez y Gabriel Muñoz eran quienes en el Concejo trataron de convencer a los concejales, mayoritariamente mujeres íntegras e informadas, de que el ofrecimiento era excelente para la comuna. La competente arquitecta Ilen Sáez, concejal independiente en la lista de CS, señaló entre otras cosas que “mi postura tiene que ver con la probidad administrativa”

En la votación, el alcalde Ramírez racionalmente modificó su posición original, adhiriendo al voto negativo de todos los concejales y por ello el escenario futuro es incierto debido a que el Plan Regulador Comunal (PRC) de Concón, vigente desde 2017, fija para ese terreno una altura máxima de 7 metros, es decir, 2 pisos y medio. El municipio podría modificar su instrumento normativo, aumentando la altura de edificación, para así satisfacer los requerimientos comerciales del privado, pero ello sería asaz grotesco, por lo tanto, inaceptable para la Contraloría y para los tribunales de justicia, de tal forma que demoler, como ordena la ley, no es posible debido a que genera muchos costos ambientales, posiblemente esa estructura se mantenga como está, luego como un elefante blanco.

Polémico proyecto de cuatro edificios de 32 pisos c/u de Fundamenta en Ñuñoa

La opinión pública sabe que la Corte Suprema ya zanjó esta controversia y como en su dividida sentencia la máxima instancia judicial dijo “El fallo de casación concluye que, en consecuencia, este tribunal no tiene competencia para analizar si la autoridad consideró adecuadamente la observación ciudadana vinculada a la luminosidad y efecto sombra del proyecto en cuestión”, el 08/03/2023 se le envió un correo a la alcaldesa Emilia Ríos, proponiéndole que el Estudio de los Conos de Sombra presentado por esa empresa en la dirección de Obras municipales (DOM) se lo envíe al IDIEM de la UCH o al Dictuc de la UC, para que una de las dos, organismos independientes y técnicamente calificados, lo revise para tener certeza si ese Estudio es válido o no.

Dicha alcaldesa no respondió, posiblemente porque su carga de trabajo la tiene abrumada y por ello recientemente, por ley N° 20.285, de Transparencia, se le exigió al DOM que se nos entregue ese Estudio, lo que necesariamente tendrá que ocurrir, pues en sentido contrario se deberá formular un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, instancia que obligará al funcionario municipal para que se nos envíe tal documento oficial. Se debe tener presente que Fundamenta tuvo que adjuntar ese Estudio en la solicitud del permiso de edificación N° 296 cursado el 12/10/2018, cuando la altura máxima de edificación en el PRC de Ñuñoa eran 15 pisos.

Cuando se disponga de ese Estudio, se podrá determinar si la altura consignada en el permiso de edificación se enmarcó en las disposiciones reflejadas en el artículo 2.6.12 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), interpretación que fue declarada ilegal por la Contraloría en su dictamen del 11/12/2020, que obligó al Minvu derogar la circular DDU Específica número 5 del año 2009 y modificar ese artículo de la OGUC, tal como lo hizo notar el 19/03/23 en el ciberespacio un experto abogado inmobiliario. Sabemos que Piñera, a través de un Decreto Supremo, para salvarle la vida a otra constructora, cambió después las reglas del juego.

En conclusión, si el Estudio, elaborado antes de la movida del expresidente, es erróneo como presumimos, su resultado se le enviará a la alcaldesa Ríos para que ella, como máxima autoridad municipal, resuelva el camino a seguir.