En estos días en que se está discutiendo sobre el nuevo proceso constitucional, traigo a colación un documento que redactamos hace poco junto a Roberto Munita y Henry Azurmendi respecto de la Subsidiaridad y los Derechos Sociales, oportunidad en que abordamos la compatibilidad entre ambos conceptos. Aun cuando la idea primaria era establecer la necesidad de que en la nueva Constitución convivan la iniciativa privada con la provisión estatal, pues de esa manera todo el esfuerzo de la sociedad, en su más amplio sentido, se enfoca en “igualar la cancha”.

En este orden de cosas, me sumo al consenso general, respecto de la importancia de generar un nuevo contrato social, con bases constitucionales, que ubiquen los derechos sociales junto a los civiles y políticos. Por ejemplo, en el caso de la propiedad privada, la nueva Constitución debe contemplar su función social y la posibilidad de expropiación, pero sin traspasar los derechos de protección de lo privado de las personas (civiles). Además, los cambios en el sistema político son muy relevantes, los desafíos de Chile son complejos y no soportan más la incapacidad de no llegar a acuerdos, por ende, deberemos incluir incentivos y/o obligaciones para un proceso legislativo más eficiente y eficaz.

“Igualar la cancha” significa lograr niveles de desarrollo que beneficien a todos y en la nueva Constitución, equivale a entregar al Estado un rol activo, sobre todo en la defensa de las libertades de las personas. No queremos un Estado “Administrador”, ni que defiende el “status quo”. Debemos generar las condiciones para que las instituciones funcionen y hagan la pega, cumplan sus responsabilidades, pero, que, además, cuando no las cumplan, asuman sus culpas y paguen los costos. La discusión constitucional debe apuntar a materializar las ideas que masivamente fueron apoyadas por el Rechazo.

Por lo pronto, la centroderecha tiene la difícil tarea de hacer pedagogía y explicar que la subsidiariedad -como fue concebida en su espíritu original – es un camino para que Chile encuentre la paz y prosperidad. Los casos exitosos de países que transitaron hacia un Estado Social son aquellos que supieron reconocer y diferenciar la importancia del sector privado en la provisión de derechos sociales; o sea, la subsidiariedad.

No podemos perder el rumbo. Lo que la ciudadanía espera es que se eviten los abusos, tanto del Estado como de los particulares y que se corrija la desigualdad de acceso a los bienes y servicios básicos. Finalmente, insisto en señalar que la ciudadanía espera un mejor desempeño del Estado, quiere que el Estado la apañe, la proteja y esas expectativas de cambio deben ir acompañadas, necesariamente, de un pacto social y político, con una agenda que guíe y otorgue certezas jurídicas de orden y seguridad, con crecimiento económico y un sistema tributario que permita al Estado entregar bienestar a todos. Ese es, en definitiva, el gran desafío del nuevo proceso constitucional.